En el estado de emergencia generado por la pandemia del coronavirus, emergió la cuestión del horario comercial. Se expresa como una propuesta legislativa para reordenar un sector severamente golpeado, al punto que no todos sus operadores sobrevivirán.
Opinión09/06/2020
El Concejo Deliberante capitalino tomó la delantera al sancionar una Ordenanza aún no promulgada que impone, como principal aporte, establecer el horario corrido de apertura de los locales comerciales. Algo similar es lo que se puede discutir en la Legislatura Provincial si avanzan proyectos presentados cuando el paro impuesto por el aislamiento empujó el reclamo empresario.
No necesariamente es lo que demanda ese grupo; la eliminación de cargas tributarias distorsivas y de aportes previsionales elevados les vendría mejor en estas circunstancias. Además, es una cuestión que fue puesta a consideración del sector político por la CAME, la entidad que representa a la pequeña y mediana empresa en la Argentina. Un proyecto de ley presentado en 2005 invitaba a discutir una cuestión que llevaba más de un década regulando una actividad, sin correlato con el modelo de gestión que condicionaba el resto de la economía.La CAME pretendía que se derogue una disposición que suprimía toda restricción de horarios y días de trabajo en la prestación de servicios comerciales, sin perjuicio de los derechos individuales del trabajador. Está vigente desde 1991, tiempos en que la bandera era la instauración de una economía popular de mercado.
También eran momentos de emergencia, con un gobierno peronista, que pretendía afianzar y profundizar la libertad económica y la Reforma del Estado con el objeto de consolidar la estabilidad económica, evitar distorsiones en el sistema de precios relativos y mejorar la asignación de recursos en la economía nacional, a fin de asegurar una más justa y equitativa distribución del ingreso. Bajo el liderazgo de Carlos Menem buscaba atenuar los efectos de la situación de emergencia sobre las categorías sociales más desfavorecidas.
Con ese fin sancionó el Decreto 2284, de Desregulación del Comercio Interior de Bienes y Servicios y del Comercio Exterior y avanzó contra el descanso del fin de semana y contra los límites a los horarios con los que funcionaba el comercio. La confederación que nuclea a las pymes sigue batallando para que reimpongan límites comerciales y establezcan obligatoriamente el cierre de domingos y feriados en todo el país, con las excepciones que por razones de actividad, zonales o turísticas deban establecerse en cada provincia.
No son los mismos motivos por los que los legisladores salteños están tratando de meter mano en la cuestión. Según los proyectos en tratamiento en Diputados, principalmente se trata de favorecer a los trabajadores, que podrán ahorrar tiempo y dinero por los viajes que se ven obligados a realizar con el horario cortado.
Un análisis de la legislación vigente permite suponer que un acuerdo entre comerciantes y trabajadores puede resolver esta cuestión, respetando los derechos y laborales y buscando formas para preservar las fuentes de empleo. De la política debe esperarse propuestas superadoras que marquen el camino hacia una salida, sin generar desequilibrios fiscales o sociales ni afectar la igualdad de oportunidades competitivas entre los distintos segmentos empresarios.
Los atajos pueden conducir a la profundización de la emergencia.
Salta, 09 de junio de 2020
Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables. Es un anuncio que realizó el presidente Javier Milei y que, en realidad, se asumió como promesa porque se formuló en una virtual campaña electoral. En tanto se van acumulando los Decretos de Necesidad y Urgencia sin que el Congreso los trate conforme exige la naturaleza excepcional de estas medidas.
La última semana de enero está confirmando que la temporada turística en la provincia no colma las expectativas de los sectores vinculados a una actividad que los salteños aprecian por el impacto que tiene en una economía débil. Los datos referidos a la primera quincena no son positivos y las proyecciones tampoco lo son.
A días que se inicie el período extraordinario de sesiones, que se extenderá durante febrero en el Congreso, legisladores nacionales han requerido la presencia del canciller para que de explicaciones respecto de la incorporación de la República Argentina como miembro fundador del Consejo de Paz, creado por el presidente Donald Trump. Es una de las 20 naciones que aceptó sumarse a la polémica iniciativa.
A medida que se acerca febrero, se intensifican las negociaciones en el ámbito parlamentario. Desde la oposición se han cuestionado las limitaciones de la agenda de temas a tratar en extraordinarias mientras el oficialismo intenta resguardar las principales iniciativas que debe analizar el Congreso.
En pleno verano argentino, un suceso anual en el hemisferio norte concentra la atención pública, especialmente de la dirigencia política, económica y social. Se trata del Foro Económico Mundial, que se realiza en la ciudad suiza de Davos, en el que ha disertado el presidente Javier Milei.
Con el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero en la mano, el ministro Diego Santilli, mantuvo este lunes en Salta un encuentro con el gobernador. También se reunió con los principales referentes provinciales del partido gobernante a nivel nacional. Son las misiones que lo llevan por todo el país.
Desde el centro vecinal de La Calderilla denunciaron construcciones sobre laderas inestables y loteos sin respuestas oficiales sobre su habilitación. Alertan por desmontes ilegales y posibles daños a la cuenca que abastece de agua potable a capital.
El ciclo 2026 de Boca Juniors ya tiene su primer nombre propio: Ángel Romero. El atacante paraguayo completó con éxito la revisión médica en el centro Genea y quedó a un paso de la firma de su contrato.
En una negociación relámpago, Boca Juniors cerró este martes la incorporación de Santiago "El Ruso" Ascacibar.
A través de un comunicado oficial, la asociación argumentó que la presencia del artista salteño en un evento de carácter gubernamental resulta “incompatible” con los principios fundacionales de la institución.
La medida alcanza a los tres poderes del Estado y a los organismos de control. Habrá controles sorpresivos, contraprueba y remoción inmediata ante resultados positivos o negativa a realizar el test.