El Ministerio de Trabajo le incorporó un capítulo que incluirá a los repartidores en el régimen general de la seguridad social, con prestaciones de salud y aportes jubilatorios, y una habilitación a la AFIP para ejercer un control en tiempo real de la distribución de tareas por parte de las aplicaciones.

El estatuto especial, considerado por sus autores el primero en el mundo abarcativo de toda la actividad, fue ideado para regir la labor de entre 60 y 80 mil repartidores de las aplicaciones PedidosYa, Glovo, Rappi y UberEats y estará un escalón por debajo del piso de derechos que garantiza la ley de Contrato de Trabajo (LCT), con un régimen distintivo de remuneraciones, jornada laboral, licencias y vacaciones, accidentes e indemnizaciones, entre otros tópicos. El eje será la facultad de los repartidores de estructurar sus horarios.

Las principales objeciones, desde los gremios que agrupan a los trabajadores del rubro, pasan por el hecho de proponer una vinculación novedosa pero no asociada a la relación de dependencia que establece el régimen general de la LCT y que se asimila más a la de otros estatutos como el del peón rural, el trabajador de la construcción o el del personal doméstico. El borrador de la norma corregida, que circuló durante la semana pasada, también levantó algunas quejas por cederles a las aplicaciones una mayor potestad en el manejo de los tiempos de disponibilidad de los repartidores, el ítem del que surgirá el salario básico de la actividad.

Frente a las empresas digitales, en general disconformes con el borrador del proyecto, se ubica un bloque heterogéneo de gremios: por un lado, el sindicato más histórico de motoqueros, Asimm, y por otro una organización nueva, la Asociación del Personal de Aplicaciones (APP), que busca un reconocimiento legal de mayor jerarquía y pide ser incorporada al debate parlamentario. A ellos se sumó últimamente la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR), cercana al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que el 8 de mayo promovió un paro nacional de la actividad con acatamiento dispar.

En la cartera laboral confirmaron la salida del proyecto de esa área para recalar en Legal y Técnica, como último paso previo a su arribo al Congreso en los próximos días. El tránsito original, antes de la declaración de la cuarentena, tenía que ver con la remisión a las comisiones relacionadas de la Cámara de Diputados y del Senado. Y el objetivo del oficialismo será imprimirle velocidad a su tratamiento.

El proyecto establece un máximo de trabajo de 48 horas semanales y que los sueldos se calcularán mediante un básico proporcional del salario mínimo, vital y móvil (SMVyM), asociado al tiempo de disponibilidad del repartidor, y otro variable que dependerá del número de entregas, la distancia recorrida, el tiempo insumido y el lapso de espera. Se trata, explicaron sus autores, de garantizar la soberanía sobre el uso del tiempo por parte de los trabajadores y el derecho de “loguearse” y “desloguearse” de las aplicaciones según su conveniencia.

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