El 30 de mayo de 1998 el pueblo del Municipio de Salta, a través de sus representantes reunidos en Convención Constituyente, manifestaron su voluntad, entre otros propósitos, de promover el bienestar general de la comunidad; consolidar la autonomía municipal; garantizar la convivencia democrática y asegurar la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos del municipio, conforme con un orden económico-social que garantice la libertad, la solidaridad y la justicia social.
Opinión21/05/2020
Es parte de lo que expresa el Preámbulo de la Carta Orgánica de la Capital, norma que recoge los mandatos constitucionales para organizar a la comunidad que reside en la principal ciudad de la Provincia. Y esta manda reconoce al Municipio como una comunidad natural que, asentada sobre un territorio y unida por relaciones de vecindad y arraigo, tiende a la búsqueda del bien común local, gozando de autonomía política, económica, financiera y administrativa.
El Artículo 171 de la Constitución Provincial determina que el Gobierno se compone de un Departamento Ejecutivo a cargo de un Intendente que es elegido en forma directa y a simple mayoría de sufragios y un Concejo Deliberante, cuyos miembros se eligen directamente por el sistema electoral de representación proporcional.
La relación entre ambos poderes está también establecida constitucionalmente y se regula a través de la Carta Orgánica, que determina los mecanismos, por ejemplo, para proceder a la destitución del Intendente. La sanción corresponde por condena penal o mal desempeño de su cargo y la declaración de la necesidad de su remoción se alcanza con los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante, cuerpo que debe llevar adelante el juicio político. El presidente del cuerpo, y así también lo dispone la Constitución, es el que reemplaza al jefe comunal en caso de ausencia o impedimentos transitorios.
El Concejo Deliberante tiene la facultad de sancionar ordenanzas, dictar resoluciones y declaraciones que, por un lado, reflejen las demandas ciudadanas y por otro, canalicen las necesidades de la administración del municipio por parte del Departamento Ejecutivo. En ese orden, le corresponde aprobar el Presupuesto y el Plan de Obras presentados por el Intendente, como así también la Cuenta General del Ejercicio correspondiente al movimiento de la totalidad de la Hacienda Pública Municipal. Puede solicitarle informes e interpelar a sus Secretarios. Sancionar planes de desarrollo, contraer empréstitos y fijar las remuneraciones municipales son otras de sus competencias.
En el concejal, el vecino encuentra el primer escalón para gestionar la respuesta a sus problemas cotidianos desde la política. Su representación institucional lo lleva a ser la herramienta para el cambio de paradigma de una democracia que cada vez está siendo más participativa.
Nada de eso se refleja en el actual Gobierno Municipal. Desde que se iniciaron las sesiones ordinarias, es permanente el reclamo de los concejales por el incumplimiento del Ejecutivo de girar los informes requeridos y la reticencia a concurrir a brindarlos cuando así lo demandan las comisiones.
La intendenta Bettina Romero hace caso omiso a la existencia del poder legislativo comunal. Al menos, es lo que reconocen todos los bloques políticos del cuerpo, que han comenzado a tensar las riendas para preservar la institucionalidad de un nivel de gobierno que es fundamental en el sistema democrático.
Resulta saludable la actitud de un cuerpo investido de amplias competencias.
Salta, 21 de mayo de 2020
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
La semana pasada hice referencia a uno de los proyectos de ley que el gobierno ha señalado como prioritario, la flexibilización laboral, llamada por el gobierno y sus aliados como “modernización laboral”
Cierra una semana en la que el protagonismo de los gobernadores tomó cuerpo. Mientras el gobierno nacional mantiene abiertas las puertas de la Casa Rosada al diálogo con los mandatarios provinciales, desde el sector privado también se demandó de ellos definiciones sustanciales para su sostenimiento.
El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
El vicepresidente del Círculo Médico, Marcelo Biagini, advirtió que la obra social provincial mantiene atrasos de pago, presiona a profesionales para convertirse en prestadores directos y analiza romper convenios.
La fecha apunta a visibilizar problemáticas masculinas, mejorar las relaciones de género y destacar aportes positivos de los varones.
Un informe privado reveló que un repartidor de delivery debe completar 461 pedidos al mes en Argentina solo para cubrir la Canasta Básica de una familiar.
El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.