Sin confirmación oficial, diversas fuentes han anticipado que el Ministro del Interior tiene agendado llegar a Salta para acordar con el gobernador Gustavo Sáenz las condiciones que aseguren un acompañamiento que hasta ahora no ha tenido fisuras. Hay reparos crecientes pero nada que una buena oferta no solucione, según indican los antecedentes que se acumularon en la primera mitad de la gestión de los libertarios.
El ministro Diego Santilli inició una gira por las provincias, que lo llevó a Río Negro el pasado miércoles. De esas conversaciones no se supo demasiado porque los anuncios oficiales y los trascendidos se centraron en la situación generada por los incendios forestales. Además, el principal reclamo de esa provincia, que demanda una deuda previsional, ya tiene trámite judicial. El conjunto de provincias, en cambio, quieren advertir que el proyecto de reforma laboral golpea severamente sus alicaídos ingresos y no está dispuesto a cargar con más peso.
Hasta el cierre del primer tramo de sesiones extraordinarias, que operó en diciembre, el debate sobre una cuestión que es sustancial para la administración nacional transitó sobre las modificaciones del vínculo entre patronal y trabajadores. Públicamente se discutió respecto de la extensión horaria, vacaciones, indemnizaciones y la ultraactividad de los convenios. Todo ello fue solo el barniz de un proceso de reformas profundas que con 213 artículos avanza sobre los cimientos de una estructura que tiene más de medio siglo de vigencia. Los cambios propuestos tocan, entre otras normas, a la Ley de Contrato de Trabajo, a la de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, a la Ley de Empleo y al Régimen de la Pequeña y Mediana Empresa. Además, modifican el Régimen de Trabajo Agrario, el de los Servicios Privados de Movilidad de Personas y Reparto que utilizan plataformas tecnológicas, a la Ley de Convenios Colectivos, a la de Asociaciones Sindicales, al Procedimiento para la Negociación Colectiva y a la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
La envergadura de la reforma, que razonablemente justificó que no se someta a un tratamiento express, no se detiene en esas menciones. Se advirtió que la propuesta incluye también una reforma impositiva que va golpear severamente las finanzas provinciales, al punto que los beneficios de inversiones y reactivación económica, no compensarán las pérdidas.
Las estimaciones del impacto que producirá la reducción del porcentaje del Impuesto a las Ganancias que tributan las empresas, recortará sensiblemente la recaudación de las provincias. El análisis en comisiones del proyecto de La Libertad Avanza llevó a calcular que el menor aporte sería de 0,22% del PBI. Se trata de casi 2 billones de pesos anuales que no se recaudarían y, por ende, produciría una reducción de la coparticipación para las provincias. Las beneficiarias serían unas 144 empresas, las más grandes que operan en el país.
Eso es lo que está detrás de este nuevo proceso negociador que le fue encomendado al titular de la cartera responsable de los vínculos del Ejecutivo Nacional con las provincias y que la próxima semana lo llevará al Chaco y a Mendoza, gobernadas por el radicalismo. Luego sería el turno de Salta, Tucumán y Catamarca.
En un lapso de 20 días deberá probarse la efectividad de la chequera, consolidando la dependencia de gobernadores que declaman el federalismo y no lo practican al momento de defender, no una gestión, sino un Estado.
Salta, 9 de enero de 2026
