Este yacimiento de oro está ubicado en la región de la Puna, a 75 Km de Tolar Grande, en el departamento de Los Andes. Se estima que producirá 109 mil onzas anuales del mineral durante sus primeros 9 años de explotación, que estará a cargo de la empresa Mansfield Minera, subsidiaria de Fortuna.

Esta ha sido una de las noticias que mejor le vino a Ricardo Alonso, secretario de Minería y Energía, quien retomó en diciembre pasado esa función, que ya había desempeñado  entre 2005 y 2007.  Al asumir destacó que el objetivo de la gestión de Gustavo Sáenz, es convertir a Salta en “una provincia minera de primer orden”, planteando a la actividad como una política de Estado.

En cinco meses, el experimentado geólogo no tuvo mucho tiempo para lucir un trabajo de recuperación de esa área de gobierno, a la que encontró –según sus propias expresiones- venida a menos y con una evidente relentización de proyectos, que debe superarse para lograr una Puna productiva como pretende el Gobierno Provincial.

Los proyectos metalíferos junto con los de litio pueden cambiar la matriz económica de Salta, como suelen plantear sucesivas gestiones. La anterior, a la luz de los resultados, llegó a sacrificar el desarrollo hidrocarburífero para concentrar infructuosamente los esfuerzos en la minería, según lo puso en evidencia Javier David, flamante director de YPF.

El panorama no es el más promisorio, en circunstancias en que el mundo observa cómo se derrumba un modelo económico por efecto de una pandemia que no deja muchas opciones. Sin embargo, las inversiones en el sector no se amilanan y buscan territorio propicio como es Salta.

Efectivamente, el tradicional perfil de productor de boratos y minerales industriales que tiene la Provincia se está ampliando con la puesta en construcción y producción de centros mineros asociados a metales preciosos, no ferrosos y también litio, por ser una de las tres provincias que conforman el denominado Triángulo Dorado del Litio, en el NOA. Los inversores observan con atención la política minera provincial.

Frente a esa intención de orientar el aporte de capitales como un verdadero factor de desarrollo, hay una legítima actitud social de resistir lo que amplias franjas consideran una política extractivista que destruye el ambiente y pone en riesgo recursos esenciales como el agua. El equilibrio en esa puja necesariamente pasará por las decisiones de un Gobierno que debe atender intereses confrontados.

En esa tarea, flaco favor hace un tironeo minúsculo que viene convocando la atención pública. Dos legisladores oficialistas discuten la presidencia de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Tienen sus razones de interés particular.  “Hay dos diputados que creen que siendo presidentes van a aportar más”, dijo el presidente del cuerpo Esteban Amat.

La disidencia se debe resolver en el reducido ámbito de un sector que dice representar al Gobernador. En caso contrario, la potencia de la minería puede arrollar a parte de un poder.

Salta, 12 de mayo de 2020