Una semana atrás, el Gobernador de la Provincia había avanzado para lograr el apoyo para dotar de agua al Departamento de Rivadavia, que sigue manteniendo los índices más elevados de marginalidad social en el país. Hoy, la incertidumbre cubre todas las gestiones que no se vinculen directamente con la pandemia del coronavirus.
Opinión27/03/2020Es cierto que la obra pública es declarada actividad esencial en el Decreto de Necesidad y Urgencia que dispuso el aislamiento social. También lo es que para los gobiernos se trata del sector de la economía que emerge como uno de los pilares en los que se apoyará la reactivación del país cuando se supere la emergencia sanitaria.
La Cámara de la Construcción local advirtió sobre la parálisis en las obras de infraestructura, que impacta en unas 25 mil familias que directamente dependen de su desarrollo para su sostenimiento. Si bien podrían mantener el ritmo de obras, lo cierto es que el financiamiento se ha suspendido y no hay certezas del cumplimiento de obligaciones de pago, que se ha prorrogado.
El reclamo provincial no es único. En realidad, es una demanda nacional que ha unificado en las gestiones a la UOCRA, el poderoso gremio nacional que representa a los trabajadores y a CAMARCO, la Cámara que nuclea a las empresas, que ya llegaron a los más altos niveles de gobierno.
Tampoco es una situación exclusiva de la construcción pero días antes de la declaración del aislamiento que paraliza al país, estas entidades llevaron a la Casa Rosada el alerta de que el cuadro de situación en la actividad es desesperante. Allí entra la responsabilidad de los gobiernos en cualquiera de sus niveles. Se está registrando la falta de pagos a las empresas por parte del Estado y hay incertidumbre sobre qué ocurrirá con los proyectos futuros que debían ponerse en marcha.
En esa inquietud caen las gestiones por el agua para Rivadavia, especialmente respecto de tratativas para licitar la construcción de 15 pozos, que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha encarado con el Banco Mundial y que se sumarán a los siete ya iniciados en la zona. Se hace hincapié en estos emprendimientos porque son los pocos que se mantienen en los planes oficiales de estos tiempos.
A la construcción le sucede la crisis que doblega a buena parte de la economía argentina y está complicando mucho más a las cuentas del Estado, que tiene fuerte intervención en ese ámbito. Lo ha reconocido el Ministro provincial de Economía antes del mediodía de este viernes, quien asumió que son escasas las posibilidades de ponerlas en caja porque hasta las negociaciones que se habían iniciado tienen dificultades para avanzar.
Es así que sobre la obra pública no puede haber precisión alguna. Toda indica que en Salta va a sumar un segundo año de baja inversión. En 2019, el volumen de las mismas apenas había crecido en todo el país un 4%, afectado por los avatares electorales. Y la Provincia, en el monto total de casi 250 mil millones de pesos, apenas participó con un 12%, menos de 4 mil millones. Solo cinco jurisdicciones acumularon en el período anterior el 74% de la obra pública de todo el país.
No es el momento para reclamar por la arbitrariedad en el reparto de beneficios pero tampoco de dejar pasar sin advertir que la injusticia suele ser parte del ejercicio del poder.
Salta, 27 de marzo de 2020
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.
En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.
El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.
Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.
En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.