Comunidades originarias objetan la Ley provincial de Promoción Minera

Señaló que en las asambleas comunitarias del pueblo Atacama, se discutió ampliamente cómo se subsidia o promociona a la megaminería y que “las inversiones las están llevando adelante los contribuyentes al financiar la infraestructura de sus empresas”.

“La inversiones de tendido de vías férreas o rutas son para sacar al exterior lo más rápido posible los minerales, no pensaron en un hospital siendo que la actividad minera es de alto riesgo por lo que no piensan ni en sus propios trabajadores”, dijo Casimiro y añadió que ante el planteo de la generación de trabajo, consideran que “en algún momento se puede terminar porque la minería es un recurso no renovable”.

En relación a las comunidades originarias, Casimiro cuestionó el desempeño de los funcionarios de la Provincia llegan al territorio sin cumplir lo que establece el derecho nacional e internacional y hacen oído sordo al reclamo de las comunidades.

“La provincia hace oídos sordos al reclamo de las comunidades y esto es muy grave porque le puede acarrear demandas internacionales al no cumplir Tratados Internacionales ni la Ley nacional 24.071 que ratifica el Convenio de la OIT en el que se establece que los Estados deben celebrar consultas a las comunidades cuando hayan proyectos de extracción o intervención en territorios de comunidades originarias”, sostuvo.

Destacó que los funcionarios y los abogados del anterior gobierno nacional tenían un total desconocimiento del derecho indígena. 

“A esta gente le pedimos que estudien el país de origen de las empresas mineras y cómo se establece la relación entre las mismas, el Estado y las comunidades originarias. Hay un caso en Canadá donde el pueblo Cree es socio de la empresa que encontró y extrae petróleo y arena bituminosa en su territorio”, citó Casimiro.