Desde un primer momento, incluso cuando era candidato, Alberto Fernández se mostró a favor de la despenalización del aborto. Una vez electo, ratificó su idea y adelantó que el Ejecutivo, bajo su mando, enviaría un proyecto para convertir en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Será la primera vez que un gobierno mande una norma propia sobre el tema al Congreso, lo cual es un dato clave a la hora de pensar en su aprobación ya que se espera un involucramiento de importantes funcionarios a favor de la medida. El gabinete es casi en su totalidad “verde”.

Luego de que el Presidente dijera durante una conferencia en París que mandaría la ley, los tiempos se aceleraron y la expectativa subió. Pero esto no cambia el enfoque que siempre le dio el mandatario al aborto: para él, es un tema de salud pública.

Por eso, Alberto Fernández encomendó realizar dos proyectos. La encargada de redactarlos es Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, histórica militante de la causa y quien impulsó, hace más de diez años, el matrimonio igualitario. La funcionaria trabaja en tándem con el Ministerio de Salud, a cargo de Ginés González García, y con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que comanda Elizabeth Gómez Alcorta.

El primer texto, central, es de legalización del aborto. Si bien al principio había especulaciones de que sería de despenalización -Fernández siempre habló en estos términos- fuentes a cargo de la redacción confirmaron a Infobae que apuntarán al aborto legal.

Aún no está terminado pero sí masticado. Si bien no trascendieron detalles de cómo será, la idea del cuerpo redactor es mantener los consensos logrados en el 2018, cuando se aprobó en Diputados y lo frenó el Senado.

Esto incluiría la posibilidad de abortar hasta la semana 14 -está en discusión si bajarlo a 12- con la excepción de los casos previstos en el Código Penal, que permiten llevar a cabo la práctica más allá de este plazo. Esto es, cuando corre riesgo la vida o la salud de la persona gestante o en caso de violación.

En el entorno de Vilma Ibarra son conscientes de la expectativa social y mediática que hay con el tema. Sin embargo, no hay intenciones de apurar la iniciativa y bajan el mensaje de que es un proceso largo. Cuando le presenten a Alberto Fernández el primer borrador estará lejos de ser el definitivo. Habrá movimientos, cambios y cuestiones jurídicas que traerán debate.

Todo esto no quita que la meta es presentarlo el primero de marzo, cuando el Presidente brinde su primer discurso ante la Asamblea Legislativa y abra las sesiones ordinarias del Congreso. Aunque tampoco hay seguridad sobre si llegará a la Cámara de Diputados -por donde ingresará- el mismo marzo ya que durante ese mes estará más latente el tema de la deuda, que el Gobierno se puso como plazo para tener la respuesta de los mercados a la reestructuración el 31.

El otro proyecto, complementario a la IVE, será de “maternidad sustentable”. Aquí también trabaja el Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo. Este contemplará la asistencia del Estado a mujeres embarazadas durante todo el proceso y posteriormente para que tengan un acompañamiento cuando nazca el bebé. El objetivo es que las mujeres de menor nivel socioeconómico no deban recurrir al aborto por no poder afrontar los gastos de un embarazo y crianza.

Esta iniciativa va en sintonía con la idea de Fernández sobre que el aborto está 100% ligado a la salud. Por eso, cuando ratificó en París que enviaría la ley agregó que “permitirá la atención en cualquier centro público”.

Además, el jefe de Estado busca echar por tierra cualquier contrapunto con la Iglesia. Sucede que sus dichos fueron un día después de reunirse con Francisco y la Iglesia, como respuesta, convocó a una misa contra el aborto el 8 de marzo en la Basílica de Luján.

El proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito

El colectivo de mujeres que históricamente militó la causa y tuvo a su cargo la presentación de la norma en el Congreso también tendrá su texto. El 28 de mayo del año pasado se presentó por octava vez y aún mantiene estado parlamentario, por lo que esa será su propuesta.

Como antesala de esto, ya convocaron a un “pañuelazo” para el 19 de febrero frente al Congreso para relanzar su agenda y materializar la presión de cara al primero de marzo. Ese día habrá talleres, actividades, batucadas y se espera la llegada de Las Tesis de México y la presencia de Femigangsta. Además, comenzarán a reunirse con diputados “verdes” para empezar a tener más en claro el panorama en el Congreso.

El texto, de 20 artículos, contiene modificaciones del que no se aprobó en 2018. Por ejemplo, en el primer artículo, se modificó el sujeto que contempla la ley. Ahora, será “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar” las que tendrán el derecho a una IVE. Aquí se mantiene que se puede acceder " hasta las catorce (14) semanas, inclusive, del proceso gestacional".

Sobre la posibilidad de abortar pasadas las 14 semanas se mantiene el derecho a hacerlo si el embarazo fuera producto de una violación -con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente- y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.

Los plazos y condiciones (artículo 5) mantienen sus especificidades. La persona gestante o mujer deberá acceder al aborto en un plazo máximo de cinco días desde que lo requiera y tiene derecho que suceda supervisada por un/a profesional o personal de salud. Además, si ocurriera en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa.

Asimismo, en el artículo tres, sobre definiciones, se deja claro que “interrupción voluntaria del embarazo” y “aborto” son considerados términos equivalentes y que “salud integral” debe interpretarse “sin excepción” como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS): un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades.

Desde la Campaña siempre descartaron la objeción de conciencia -la posibilidad de que los médicos o instituciones se nieguen a realizar un aborto- y eso se ve reflejado en el texto. Fue uno de los puntos más controversiales en 2018 y lo sigue siendo en la actualidad. Pero el colectivo de mujeres busca que a nadie se le pueda negar el acceso a la IVE, por lo que sentenciaron: “En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/las profesionales o personal de salud ni de terceros/as”.

El debate en el Congreso

Por la composición de ambas cámaras, los números están muy finos. La incertidumbre, nuevamente, pasa por el Senado. En Diputados se da por descontado que se conseguirá la media sanción igual que en 2018, pero una vez que llegue a la Cámara alta será clave la “rosca” y el impulso que pueda darle el Ejecutivo.

El Frente de Todos tiene mayoría en el Senado pero en un tema tan sensible la votación no suele ser tan orgánica como en otros debates. Aquí pesa mucho la posición personal de cada senador y la influencia política suele mermar. Sin embargo, con lo ajustado que está todo, esta parece ser el as de espada de los proaborto. El otro dato relevante es que, en caso de empate, define Cristina Kirchner, quien ya votó a favor en 2018. Esto es un gran cambio porque ese puesto antes lo ocupaba Gabriela Michetti, ferviente militante de “las dos vidas”.

Dos años atrás, la votación salió 38 a 31. El recambio que hubo en 2019 favoreció a quienes están a favor y el poroteo se acomodó -estaría 35 a 34, con tres indecisos- pero aún no alcanzaría.

Por su parte, en Diputados la cuestión estaría casi saldada. En 2018, en una noche llena de intrigas y negociaciones, el “sí” ganó 129 a 125. Pero este año, con la victoria del Frente de Todos, que también tiene mayoría en esta Cámara, la victoria sería más holgada. El rol de Máximo Kirchner será clave para sumar adhesiones por fuera de su bancada.

Fuente: Infobae