Austeridad

Opinion 10 de enero de 2020
Ya se dispuso el congelamiento de sueldos de los funcionarios públicos provinciales por un periodo de 180 días, a través de un decreto que aún no se publicó en el Boletín Oficial. En la última edición solo tomaron estado público las designaciones de funcionarios de tercera línea, que integran el gabinete del gobernador Gustavo Sáenz.
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El anticipo que hizo ayer la oficina de prensa del mandatario señala que el mandatario impulsó, desde el inicio de su gestión, medidas de austeridad y que en ese marco se dispuso la reducción de la estructura política del Gobierno Provincial. El achicamiento alcanzaría a un 20%, se estimó pero no deja afuera a amigos, parientes y favorecedores. No es fácil determinar si la intención es suficiente porque de lo que se trata es de desestructurar una abigarrada trama tejida por su antecesor, que convirtió a la administración pública en la principal fuente de empleo para aspirantes a ocupar cargos gerenciales sin mayores exigencias, que la actividad privada no ofrece tan generosamente.

El decreto que aún no vio la luz instruye al Ministro de Economía de la Provincia, para que implemente medidas integrales de contención del gasto público. De esta manera se intenta sanear las cuentas públicas provinciales, alcanzar una mayor eficiencia en dicho gasto y acompañar el esfuerzo de todos los salteños ante la crisis económica nacional.

La determinación es posterior a designaciones en cargos políticos que no parecieran ser imprescindibles, dada la especificidad de la función, que indica un estrecho margen de tarea. Títulos de subsecretarios, coordinadores y hasta consultores asignados a apellidos conocidos hacen suponer que se están cumpliendo compromisos de campaña o asegurando vínculos que en la vida política son imprescindibles e insoslayable para algún proyecto personal o sectorial. También habla de que la lealtad, un bien escaso en ese ámbito, suele ser reconocida.

Uno de los nombres relevantes que emergió de las últimas designaciones que se conocieron es el de Cintia Pamela Caletti. Es una abogada discípula del fallecido ex juez de Corte Rodolfo Urtubey, que alcanzó notoriedad de la mano de Juan Manuel, hijo de este jurista quien, siendo gobernador, la llevó a ocupar el Ministerio de Justicia primero y la Fiscalía de Estado, luego. Quedó inconcluso el proyecto de crear la Cámara del fuero Contencioso Administrativo, como un refugio vitalicio para esta colaboradora que ahora  fue designada consultora jurídica del Gobernador. Quizás sea una función transitoria, mientras dure el entredicho internacional con Casinos Austria.

Hay parientes en funciones a medida pero que ya tienen entrenamiento. Solo para citar dos casos se puede mencionar a Juan Facundo Marocco, como coordinador de asuntos políticos y María Florencia Kosiner en planificación estratégica, ambos de la Casa de Salta en Buenos Aires. 

Una Subsecretaría de Trabajo pareciera más de lo mismo, existiendo una Secretaría del ramo y tratándose de una provincia en la que el problema es la desocupación. También sugieren superposición improductiva coordinaciones como la Interministerial o la de Articulación de Entes Autárquicos, cuando cada uno de ellos tiene una dependencia funcional que coloca como responsable político de su funcionamiento al correspondiente ministro.

También habría que buscar la correspondencia de algunas designaciones, como la de Gustavo Dantur en el directorio de Aguas del Norte. Representaba a los intendentes según una decisión adoptada en el último turno del gobernador Urtubey, luego del fracaso electoral del oficialismo en la legislativas de 2017. Ahora ni es intendente: fue derrotado el pasado 10 de noviembre pero se ganó el premio a la lealtad, ya que no es un experto en agua ni en saneamiento.

Cerrada la etapa de nombramientos, la contención del gasto es la próxima tarea. 

Salta, 10 de enero de 2020

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