Fue la ministra Sabina Frederic la primera que encendió la polémica al anunciar que revisará la pericia de Gendarmería que determinó que Alberto Nisman fue asesinado. Pero las palabras de Alberto Fernández que respaldaron la iniciativa terminaron de alarmar a los fiscales que investigan la muerte del ex titular de la UFI AMIA y a su entorno.

Ahora, Pablo Lanusse, el abogado de Sara Garfunkel la madre de Nisman, presentó en la causa un escrito contra el Presidente acusándolo por "el avance e intromisión sobre la independencia del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal".

"No apareció una sola prueba seria que diga que lo mataron", dijo el Presidente este jueves a Radio 10. Y siguió: "Solo existe una pericia absurda hecha sobre un escenario montado no sé cuántos años después, sin que nadie de los que participó haya estado en el momento en el que ocurrió. Nunca vi una cosa igual. Le quito toda seriedad".

El fuerte cuestionamiento del jefe de Estado a la principal prueba con la que se sostiene la acusación contra Diego Lagomarsino, considerado partícipe necesario de un homicidio, dio el espaldarazo necesario para que la ministra ratificara su decisión este viernes en conferencia de prensa.

Y aunque la funcionaria aclaró que el resultado de la pericia lo evalúa la Justicia y "corre por otro carril", es inevitable pensar que la revisión pone en duda las conclusiones a las que arribaron los peritos de Gendarmería, una vez que la causa llegó al fuero federal tras una dura batalla judicial que dieron la jueza Sandra Arroyo Salgado, en representación de sus hijas, y Lanusse para sacarlo del ordinario.

Con Arroyo Salgado apartada de la querella por propia decisión, Lanusse enfrenta en soledad la querella contra el técnico informático. Luego de las primeras declaraciones de Frederic, le solicitó al Presidente que la intime para que se abstenga de realizar la revisión.

Con la novedad, decidió presentar un escrito en la causa para señalar la "gravedad institucional" de las palabras de Fernández. Para el abogado, el Presidente incumple el artículo 109 de la Constitución Nacional que "impone un claro límite a la competencia del titular del Poder Ejecutivo Nacional en aras de la división de poderes y de la vigencia de los principios republicanos de gobierno".

En pocas palabras, Lanusse considera que "el Presidente no puede arrogarse el conocimiento de causas en trámite, desconoció el límite constitucional e incumplió sus deberes de funcionario público".

"El Sr. Presidente de la Nación se auto erigió en juez de la causa al afirmar públicamente que 'no apareció ninguna prueba seria que Nisman lo mataron'", criticó en el escrito al que tuvo acceso TN.com.ar.

"No estamos en presencia de una novela policial inglesa", señaló con dureza. "Nos encontramos frente a un magnicidio del que fue víctima Nisman, luego de haber denunciado por las negociaciones que culminaron con la firma del Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán, a la entonces Sra. Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidente de la Nación", agregó.

Y siguió dando razones para explicar la gravedad del caso: "Estamos hablando de un hecho que conmovió y conmueve la atención de la sociedad local e internacional. Estamos en presencia de una investigación que tuvo directo impacto sobre la marcha de la investigación del peor atentado terrorista internacional que sufriera la Argentina".

"El valor de las pruebas, la reconstrucción de la verdad histórica y la asignación de responsabilidades penales es competencia exclusiva y excluyente de los jueces de la causa", señaló y admite que las manifestaciones de Fernández generan "preocupación y alarma" a la querella.

Luego revela que Garfunkel teme que "aquellos días que siguieron al homicidio de su hijo, donde se llevaron adelante ataques arteros y ruines a su memoria, vuelvan a nublar el horizonte". Es decir, que se vuelva a la hipótesis de suicidio, tal como lo deduce la pericia llevada adelante por el Cuerpo Médico Forense, contraria a la de Gendarmería.

Para Lanusse, el Presidente "no tiene derecho a entrometerse en una causa penal en trámite, donde además diversos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y del la Provincia de Buenos Aires se encuentran involucrados o en causas conexas o vinculadas a la misma".

Fuente: TN