La primera certeza es negativa para los municipios. El Ministerio de Economía y Servicios Públicos ha confirmado que está derogado el impuesto de las cooperadoras asistenciales que se cobró hasta el 30 de noviembre pasado.

Para tomar el peso de la cuestión deben considerarse los factores significativos. En primer lugar vale destacar la función que cumplen estas instituciones, cuya misión –como indica la ley 5335 de noviembre de 1978- debe coadyuvar con las autoridades provinciales y Municipales, en la satisfacción de las distintas necesidades prioritarias sanitarias y sociales de la población. No es una tarea menor y justifica en estado de alerta en el que se colocaron los intendentes.

La cooperadora de mayor envergadura es la de la Capital por lo que fue la intendente Betina Romero la primera que, públicamente, puso de relieve el impacto de la derogación acordada en el Consenso Fiscal de noviembre de 2017. En el tiempo transcurrido no se tomó ninguna previsión para reemplazar una carga fiscal sobre la nómina de sueldos que pagan las empresas, cuyo producido se aplican al financiamiento de tareas de asistencia social en los municipios donde operan. A meses de la fecha de vencimiento, legisladores de la Cámara de Diputados tomaron dos iniciativas que quedaron en la mitad de camino porque el Senado no les dio sanción definitiva.

Ni la prórroga de la vigencia de dicho impuesto ni su reemplazo por el usufructo de una porción del impuesto a las Actividades Económicas prosperaron legislativamente. Por ahora, será el Ejecutivo el que deba determinar de dónde se obtienen no menos de 500 millones de pesos como los que se recaudaron en el último período fiscal en el que estuvo vigente. El monto da cuenta del volumen de acciones que se desarrollaron con esos recursos, incluyendo el pago de sueldos de un importante número de empleados de las cooperadoras.

En principio y con una lógica inapelable, la intendente capitalina sugirió a Gustavo Sáenz que sea su gobierno el que tome la carga de la acción social que ya no podrán realizar las desfinanciadas cooperadoras. Es que la derogación del impuesto que las sostenía forma parte de una política de la nueva gestión, que apunta a promover la creación de empleo privado eliminando todo impuesto que la desaliente.

Si hasta la segunda quincena de enero no hay comunicación respecto de cuáles medidas se tomarán sobre la cuestión, intervendrá el Foro de Intendentes planteando al Gobernador la situación que afectará a los municipios grandes y medianos, que tienen cooperadoras porque es donde más empleo privado existe. El nucleamiento de intendentes se hará cargo de lo que ya visualiza, no como una acción aislada sino un avance sobre recursos con los que contaba en el marco de una política de descentralización impuesta por el Ejecutivo Provincial y que los gobiernos comunales celebraron como un camino a tener mayor autonomía. Lo contrario sería un retroceso condicionado por  la escasez de recursos, que profundizaría la dependencia a una coparticipación que no los favorece.

De esa manera, lo que quedará en discusión es el federalismo sobre el que también se define la organización constitucional del Estado salteño.

Salta, 03 de enero de 2020