Silencio en la sala. Lectura de sentencia: 45 años de cárcel, la pena máxima. Los culpables, enmudecidos, mientras que las víctimas sordomudas pudieron, finalmente, gritar Justicia. Así se vivió hoy en Mendoza la definición del primer juicio de la megacausa por los abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos cometidos por sacerdotes y personal del Instituto Antonio Próvolo, que golpeó con fuerza a la Iglesia y repercutió en todo el mundo.

Con esta decisión del tribunal penal colegiado número 2, integrado por los jueces Carlos Díaz, Mauricio Juan y Aníbal Crivelli, se evitó el vencimiento de la prisión preventiva de los imputados, ya que se cumplieron los tres años estipulados por ley, desde la primera denuncia el 26 de noviembre del 2016.

A casi cuatro meses del inicio del juicio, el 5 de agosto, las expectativas eran grandes entre los afectados y sus familiares. De hecho, una decena de víctimas se hizo presente hoy para escuchar el histórico fallo y poder mirarles por última vez la cara a quienes los vejaron en sus noches de pupilos en el colegio de La Carrodilla, en Luján de Cuyo, conocido como "La Casita de Dios", entre 2007 y 2016. Afuera, llenos de ansiedad, otro gran grupo de allegados a los damnificados esperaba la resolución judicial.

Todos cruzaban los dedos para que los curas Nicola Bruno Corradi Soliman (83) y Horacio Hugo Corbacho Blanck (59), además del jardinero Armando Ramón Gómez Bravo (49), acusados de cometer 25 hechos de abuso sexual simple, agravado y corrupción de menores, recibieran el duro castigo. De esta manera, los magistrados determinaron, primero, condenar a Corbacho a la pena de 45 años de prisión. A continuación se leerían las otras dos condenas.

El del Instituto Próvolo es uno de los casos más contundentes de cómo funcionaba la política de traslados mediante la cual muchas veces la Iglesia ocultó a los curas abusadores. La investigación de la Justicia de Mendoza se suma las de La Plata y Verona (Italia), las otras sedes del Instituto, donde también hay acusaciones de abuso.

En el Próvolo también se potencian el resto de las características del sistema habitual de abuso y ocultamiento: selección de víctimas indefensas (en este caso, incluso imposibilitadas de hablar para denunciar lo que les hacían) y advertencias obviadas por las autoridades eclesiásticas.

Corradi estuvo hasta 1969 en el Próvolo de Verona. Allí se registraron las primeras denuncias de abusos. "Había que elegir, 'a tu casa' o 'a América'", dice Eligio Piccoli, otro de los curas acusados, en una cámara oculta del sitio italiano Fanpage.it. Piccoli fue confinado a una vida de plegarias. Corradi, en cambio, cruzó el océano. Según consta en la causa, llegó a la Argentina el 31 de enero de 1970. Estuvo en la sede del instituto de La Plata, donde se lo investiga por denuncias de abuso, hasta marzo de 1997. En esa fecha fue trasladado a la flamante sede Mendoza del Próvolo, donde fue su director.

En las puertas del palacio judicial, luego de la lectura de la sentencia, hubo una suelta de globos, mirando hacia el cielo, no sólo como un grito de liberación tras las condenas sino para que el horror no vuelva a ocurrir.

Durante la lectura de las penas, que pudo seguirse por el canal de YouTube de la Corte mendocina, estuvo presente también Daniel Sgardelis, principal denunciante del cura Corradi en la causa de La Plata, donde la entidad tiene su sede argentina. Para resguardar a todos los actores del debate y evitar incidentes se montó un fuerte operativo de seguridad.

Los imputados llegaron pasadas las 9 a Tribunales, en total silencio, con la mirada gacha. Ingresaron a la sala de audiencias y, frente al tribunal, ante la consulta de su tenían una última palabra optaron callar.

Durante la semana que pasó se realizaron las instancias finales de los alegatos, al tiempo que el Ministerio Público Fiscal usó el derecho a réplica, repudiando las nulidades que planteó la defensora oficial, Alicia Arlotta, quien pidió la absolución de los imputados, poniendo en duda la veracidad en tiempo y espacio del relato de las víctimas. Todo el sector querellante coincidió en lo "inoportuno, anacrónico y revictimizante" del reclamo de la letrada.

Los requerimientos de penas, en la sumatoria de los querellantes, fueron 50 años para Corradi y Corbacho; y 30 años para Gómez. Todos estaban acusados por abusar a más de una veintena de menores, por lo que hay una decena de personas imputadas. Este juicio fue el primero de la megacausa, por lo que se espera que el año próximo se desarrollen los debates contra los demás acusados, entre ellos religiosas y personal directivo del colegio católico, que fue clausurado y transformado en la sede municipal de la comuna de Luján de Cuyo, en una controversial venta.

Los tres hombres llegaron al debate imputados formalmente por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser las víctimas menores de 18 años y por convivencia preexistente con los exalumnos, corrupción de menores, y en el caso de los curas, por ser ministros de culto, de acuerdo con lo que establece el Código Penal. Corbacho estaba acusado por 16 casos de abusos sexuales y corrupción agravados, mientras que Corradi por cinco de abusos sexuales simples y corrupción agravados. En tanto, Gómez, por cuatro de abusos sexuales.

(La Nación)