Esperanzas

Opinion 01 de noviembre de 2019
La prestación de servicios públicos esenciales tiene por estos días un predominio en el análisis político y es protagonista de reclamos en amplias regiones de la Provincia. El presidente de Aguas del Norte tuvo que dar explicaciones ante el gabinete provincial en su reunión de ayer mientras que el presidente del Ente que los regula lo hizo ante diputados.
agua

En todos los casos fue una exposición de justificativos ante la carencia de una prestación regular de agua potable y de energía eléctrica, especialmente en los departamentos del norte. Con temperaturas que superaron en no pocos casos los 40 grados, el impacto de la carencia se potencia por la alta incidencia de ambos servicios en la calidad de vida.

Según la información oficial, el titular de la compañía de agua de integración accionaria estatal, Lucio Paz Posse, adjudicó los cortes a una mayor demanda por el clima tórrido de estos días. Explicó las medidas paliativas para cubrir la demanda de establecimientos sanitarios y educativos y de particulares a los que se asiste con camiones aguateros. Y también expuso el avance de obras que desde siempre se han venido anunciando para optimizar la provisión de un elemento tan esencial como escaso. No hubo referencias si el informe satisfizo al gabinete; de todas maneras, un Gobierno en retirada no puede dar respuestas a reclamos de vieja data. 

En el caso del presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta, Jorge Figueroa Garzón, ante miembros de la Cámara de Diputados expuso la situación en general y las medidas implementadas para mejorar la prestación de los mismos. Con los legisladores trató los reclamos de los vecinos de diferentes partes de la provincia y si bien intentó exponer una tarea cumplida en el marco de posibilidades por restricciones de distinta naturaleza, los cuestionamientos de los diputados llevaron a que la Cámara y la agencia reguladora decidan exigir a prestadoras -Co.Sa.ySa y EDESA-  que realicen las obras correspondientes para garantizar la prestación y calidad de ambos servicios.

Al margen de obras y capacidad de solución de los reclamos de los usuarios no hay flexibilidad respecto de tarifas diferenciadas  para las diferentes regiones de la provincia. La legislación vigente y el modelo de prestación reafirman que el servicio público no es sinónimo de gratuidad y debe pagarse en la medida en que se presta. El concepto ratificado por el titular del Ente Regulador es que “si los usuarios pagan por un servicio 2 estrellas, no pueden esperar que la empresa les brinde uno de 5 estrellas”. La definición es importante porque es un principio que rige la estructura del cuadro tarifario. Y otro dato no menos significativo es que se trata de una responsabilidad del gobierno provincial. También es cierto que las decisiones macroeconómicas son de carácter nacional y condicionan las que adoptan las autoridades locales.

En ese orden, no hay mayores anuncios del gobierno federal que asumirá el 10 de diciembre, elegido el domingo último. Como señal sirve un documento elaborado por el equipo técnico del presidente electo Alberto Fernández, que fue coordinado por un referente muy prestigioso del justicialismo, el ex ministro Ginés González García. En el capítulo de Energía y en referencia a la electricidad y el gas, propone la creación de una Comisión de Revisión Tarifaria Integral para establecer el costo real de producción y transporte de ambos, a fin de  renegociar las tarifas.

Viene el cambio de gobierno aunque el provincial no está elegido. Pero abre la expectativa de otras políticas y con ella, nuevas esperanzas. 

Salta, 01 de noviembre de 2019

Te puede interesar