
La suspensión de la aplicación de una nueva metodología para medir la inflación no sólo impactó en la conducción del INDEC.


En plena campaña electoral, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el índice de pobreza del primer semestre de este año. Las reflexiones sobre ese dato no aportan nada que se desconozca ni fue novedosa la reacción de los principales constructores de la realidad argentina, del oficialismo y la oposición.
Opinión01/10/2019
Lo que dijo el Indec es que la pobreza en Argentina se disparó en ocho puntos porcentuales en el término de un año y el porcentaje acumulado representa a casi 16 millones de personas que no acceden a la canasta básica de bienes y servicios. Los expertos que siguen de cerca la evolución de estos guarismos anticiparon que aunque la economía creciera a un 3% anual en los próximos cinco años, la pobreza no bajaría del 20%.
No hay sector en el país que no resulte impactado por esta situación. De todas maneras, la medición no es la que genera la pobreza sino sólo la dimensiona. En la cúspide de la escala social sirve para orientar inversiones y hacia abajo va ordenando el consumo y cualquier tipo de gasto. Solo en la base no tiene mayor significación pero da cuenta si se va ensanchado, porque ello adelanta que esa franja debe reducir sus expectativas, hasta la inexistencia misma si es posible.
Desde el segundo semestre de 2008, cuando la medición estimó en casi 36% la población de pobres, es el segundo porcentual tan elevado. Esta afirmación incluye a todos quienes ejercieron funciones de gobierno, desde el inicio del nuevo siglo, en el grupo de responsables de la situación. Dicho de otro modo, nadie que esté en carrera con posibilidades ciertas de llegar al gobierno puede arrojar la primera piedra. Pero tampoco se debe naturalizar el problema que en no pocas regiones del país tienen características estructurales.
“Aunque ese número duela, hay que mirarlo de frente, como se viene haciendo todos estos años”, dijo el presidente Mauricio Macri, quien asumió la conducción nacional sin tener el dato cierto sobre el alcance de la pobreza. Sus antecesores prefirieron no medir parapetándose en la necesidad de no estigmatizar a quienes la padecen.
La lectura de la oposición sobre esa mirada es crítica. Supone que es una falta de reacción, lo que no puede ser más que una actitud inmoral extrema. Lo dijo Alberto Fernández, que ensaya el ejercicio de la Presidencia que las urnas consagrarían el 27 de octubre.
La pobreza superó el 42% en las provincias del Noreste y la región Noroeste no se ubicó demasiado lejos de esa tasa. El promedio es del 39,9% de la población que no puede acceder a la canasta básica, con picos en Santiago del Estero-La Banda con una pobreza del 44,8% y en Salta, con el 41,8%.
Si publicitar el dato nacional no es lo más oportuno para quien está trabajando para repetir mandato mucho menos lo es para quien está cerrando un ciclo de doce años de gobierno. En la misma línea de reconocer que el problema existe y nada lo ha resuelto, el gobernador Juan Manuel Urtubey ha repetido el último lunes que si bien lo hecho ha sido mucho, lo que queda por hacer también es una deuda importante.
La medición del Indec se refiere a la pobreza por ingresos; esto es, los recursos que aportan los miembros de una familia no alcanzan a cubrir la canasta básica familiar. Pero en Salta ya se ha confirmado que la multidimensional también es alta y ello significa que no solo falta plata sino que están cerrados los accesos a servicios esenciales como el de agua y saneamiento y educación y salud de calidad.
Es la pobreza que mata las esperanzas del presente y el futuro.
Salta, 01 de octubre de 2019

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