Ni una menos fue un movimiento que emergió del hartazgo ante la violencia machista, cuya expresión más cruel es el femicidio. Cuatro años después se ha institucionalizado en un colectivo, cuyas demandas desbordan los reclamos por la interminable lista de mujeres asesinadas, por el hecho de serlo. Abarcan un amplio abanico de reivindicaciones que expresan la intolerancia a un sistema machista y patriarcal de organización social.
El estatuto del Colectivo Ni Una Menos reconoce en su integración “sus muchas expresiones regionales, como parte de un movimiento histórico, que tuvo y tiene hitos organizativos fundamentales en las tres décadas de Encuentros Nacionales de Mujeres y en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito”.
Como constructoras de este movimiento -que supera, incluso, los límites de esta organización- se incluye a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a las mujeres revolucionarias que fueron sus hijas, a los movimientos de la diversidad sexual y a las que se organizaron en sindicatos. También se suma a las piqueteras y a las mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes.
Con ello, se destaca que la cuestión supera el activismo feminista y se erige también –como dice el documento fundacional- en un lema y un movimiento social. Las mujeres movilizadas son reconocidas herederas de esa historicidad y, a la vez, contemporáneas de un movimiento de mujeres novedoso, potente, popular, transversal, libertario, con mil rostros y miles de entonaciones, que es regional e internacional, a la vez que se inscribe en cada parte del territorio nacional.
Esta acabada descripción de la expansión de esa lucha, contenida en el Estatuto de Ni una Menos, no pareciera tener comprensión en los referentes de los distintos sectores partidarios. En sí mismo, el colectivo se asume como político por el objetivo que se plantea de construir de una sociedad más libre, rechazando patrones de conducta que condenan a las mujeres a la subalternidad y la obediencia. También asume la defensa de un Estado laico que garantiza las bases del igualitarismo, respetando la religiosidad y el sistema de creencias de una sociedad.
De todas maneras, se ubica a esta movilización distante de los partidos políticos y de otros factores de poder, como los que se vinculan con las empresas y el capital. Toma la autonomía y la transversalidad como pilares para sostener una acción que busca un cambio radical.
Frente a ello, la estructura de política que se pone en marcha en cada proceso electoral no ha expresado un reconocimiento de este activismo. La puja por espacios de poder se corresponde con los estamentos de conducción masculinos, que determinarán la asignación de un cupo dispuesto por ley.
El resultado puede demorar el protagonismo de la política en la construcción del bien común, su razón de ser.
Salta, 03 de junio de 2019
