La Corte de Justicia de Salta zanjó la discusión en torno al método que se empleará en las próximas elecciones sáltelas al rechazar planteos hechos por La Libertad Avanza, el Partido Obrero y el Partido Reconquista, y destacó que las provincias se encuentran facultadas para establecer su propio régimen electoral, conforme a los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional.
El Tribunal señaló que el artículo 56 de la Constitución Provincial "defiere a la ley la determinación del régimen electoral" y que el artículo 127, inciso 16, confiere a la Legislatura "amplias facultades para reglamentarlo de acuerdo con las circunstancias políticas y sociales".
El Tribunal votó por unanimidad y precisó que la adopción de un determinado sistema electoral constituye una decisión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde a los poderes políticos del Estado. Señaló también que el sistema de asignación de cargos previsto por la norma, respeta el sistema de elección directa establecido por la Constitución Provincial, ya que la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata del cuerpo electoral, sin intermediación de ningún órgano.
El fallo lleva la firma de los nueve integrantes del máximo Tribunal, Teresa Ovejero, María Edit Nallín, Jorge Diez Villa, Pablo López Viñals, Adriana Rodríguez Faraldo, María Alejandra Gauffin, Fabian Vittar, José Gabriel Chiban y Martín Plaza.
Asimismo, el documento sostuvo que el requisito del artículo 2° de la ley, en cuanto exige presentar candidaturas en al menos quince departamentos para postular candidatos a gobernador y vicegobernador-cuya objeción fue prensada por el PO-, es razonable. Precisó que se trata de una condición de organización y participación territorial de las fuerzas políticas, que guarda correspondencia con la naturaleza de las funciones del gobernador, quien representa a la Provincia en la totalidad de su territorio, y que los requisitos personales para acceder al cargo continúan siendo los que fija la Constitución Provincial.
De la misma forma, consideró razonable la exigencia de que los frentes electorales estén constituidos por al menos dos partidos políticos, por resultar coherente con el propósito de la ley de asegurar la mayor representatividad de las fuerzas que compiten. Destacó que la ley respeta el principio de igualdad, ya que dispensa idéntico tratamiento a quienes se encuentran en igualdad de circunstancias y, en cambio, distingue entre partidos políticos y alianzas electorales, que se encuentran en situaciones diferentes.
Las acciones populares de incsintitucionalidad habían sido interpuestas por Carlos Raúl Zapata en representación de La Libertad Avanza, Claudio Ariel Del Plá por el Partido Obrero y Alejandro Patrón Costas por el Partido Reconquista.
