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El fallo, dictado por el juez Martín Cormick a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dispone la suspensión por un plazo inicial de tres meses —o hasta que se emita una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión— de los artículos 10 y 56 de la normativa, los cuales modificaban de manera sustancial las reglas relativas a la responsabilidad profesional de los letrados en los juicios laborales y las modalidades para el cobro de las condenas judiciales.
En su resolución, el magistrado advirtió sobre la falta de claridad y los vacíos normativos que introduce la reforma en materia de pluspetición inexcusable, el mecanismo que sanciona reclamaciones pecuniarias consideradas excesivas. Para Cormick, la redacción actual genera una peligrosa situación de incertidumbre que afecta el libre ejercicio de la profesión, toda vez que las costas y los honorarios integran los procesos de sentencia pero carecen de una diferenciación nítida frente al capital de condena, vulnerando las garantías constitucionales de los trabajadores y sus representantes.
Asimismo, el juez puso el foco en el artículo 56 de la ley, el cual habilitaba a las empresas demandadas a cancelar las sentencias judiciales de manera fraccionada o en cuotas sin la debida intervención de los titulares del crédito. A criterio del tribunal, esta prerrogativa configuraba una clara afectación al derecho de propiedad de los profesionales, contraviniendo los plazos y protecciones establecidos en la ley específica de honorarios profesionales y en el régimen general de contrato de trabajo.
Con esta decisión cautelar, que no implica por el momento una declaración definitiva de inconstitucionalidad pero frena temporalmente su aplicación práctica, la Justicia obliga al Ejecutivo a retrotraer el marco normativo en los puntos objetados mientras avanza el debate judicial sobre el alcance y la constitucionalidad de la flexibilización laboral en los tribunales contencioso administrativos.
(Con información de Perfil)
