Victoria López Núñez
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Javier Milei comenzó a generar reparos dentro de sectores de las Fuerzas Armadas, que comparten parte del diagnóstico del Gobierno sobre las nuevas amenazas externas, pero cuestionan que la ampliación de funciones no esté acompañada por mayores recursos, equipamiento y mejoras salariales.
La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y fue girada a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente y amplía el concepto de Defensa Nacional para contemplar amenazas estatales y no estatales, además de nuevas herramientas vinculadas con inteligencia, infraestructura crítica y control de espacios marítimos, aéreos, fluviales y lacustres.
La iniciativa nació en el marco de la nueva estrategia del Gobierno frente a la explotación de recursos naturales en torno a las Islas Malvinas.
Según fuentes militares consultadas, existe coincidencia en que la Argentina necesita actualizar su sistema de Defensa, pero aparecen dudas sobre la capacidad material para asumir nuevas funciones.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Presupuesto 2027. De acuerdo con el informe, los fondos destinados al área aumentarían alrededor del 20%, una variación que quedaría por debajo de las estimaciones inflacionarias utilizadas en ese análisis.
Los reclamos también incluyen los salarios del personal militar, la postergada equiparación con las fuerzas de seguridad y la situación financiera de la obra social de las Fuerzas Armadas.
Fuentes castrenses citadas por el mismo medio estimaron que la deuda vinculada con la obra social ronda los $160.000 millones.
Otro de los puntos que genera discusión es hasta dónde deberían extenderse las tareas militares.
El proyecto dispone que las Fuerzas Armadas deberán estar preparadas para participar en operaciones convencionales y no convencionales y amplía la definición de las amenazas que pueden afectar la soberanía nacional.
Dentro del ámbito militar aparecen posiciones que distinguen entre ampliar el concepto de amenaza externa y otorgar nuevas misiones permanentes a las Fuerzas Armadas.
Un general consultado advirtió que prepararse frente a amenazas no convencionales no debería significar que los militares asuman indistintamente tareas propias de las fuerzas de seguridad.
La discusión adquiere especial relevancia por experiencias recientes como la Operación Roca, que incorporó despliegues militares en la frontera norte para vigilancia y apoyo logístico frente al delito complejo.
La Casa Rosada presenta la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional como una herramienta para reforzar el reclamo argentino sobre Malvinas y proteger recursos e infraestructura estratégica.
El Ejecutivo sostiene que el proyecto busca castigar la explotación no autorizada de recursos naturales, generar incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de mayores instrumentos frente a amenazas externas.
Aries Online ya había informado que la iniciativa contempla sanciones económicas y penales, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y cambios en las normas de Defensa e Inteligencia.
La novedad aparece ahora puertas adentro de las Fuerzas Armadas: mientras algunas fuentes consideran necesario modernizar el esquema vigente, los cuestionamientos se concentran en si el Estado tendrá los recursos suficientes para convertir esas nuevas atribuciones en capacidad militar efectiva.
