Ivana Chañi
Las empresas que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán acreditar que ni ellas ni sus socios participan o participarán de actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina en las áreas marítimas vinculadas a las Islas Malvinas.
El cambio quedó establecido por el Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma designa a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y fija un procedimiento más rápido para investigar posibles infracciones: los organismos estatales deberán informar los casos dentro de cinco días hábiles y las empresas investigadas tendrán diez días para efectuar su descargo.
La nueva exigencia también alcanza a quienes soliciten permisos, concesiones o habilitaciones hidrocarburíferas. En esos casos deberán presentar una declaración jurada donde aseguren que ellos y quienes tengan participación directa o indirecta en la empresa no realizan las actividades prohibidas por la legislación argentina.
El decreto es, sin embargo, solo una parte del paquete anunciado por Javier Milei. Según informó TN, la Casa Rosada prevé enviar la próxima semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que buscará ampliar las sanciones, alcanzar a proveedores de compañías involucradas e impedir contrataciones de infractores en el país.
El proyecto también incluiría un nuevo esquema de Seguridad Nacional y herramientas vinculadas a infraestructura crítica y vigilancia marítima y aeroespacial. Esos puntos todavía son un proyecto y deberán pasar por el Congreso.
