El presidente Javier Milei anunció una batería de medidas destinadas a endurecer la estrategia argentina por las Islas Malvinas, que incluye nuevas sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de recursos, mayores fondos para Defensa, la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Durante la cadena nacional, Milei vinculó las decisiones con el avance del proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que según afirmó podría comenzar la explotación offshore en los próximos meses.
“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, sostuvo.
El Presidente aseguró que la Argentina utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales” para responder a actividades que considere contrarias a su soberanía.
Uno de los primeros pasos será un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659. El objetivo será acelerar las sanciones contra compañías que participen de proyectos de extracción de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.
La medida alcanzará también a accionistas, directores, proveedores y otros actores vinculados con esas actividades.
“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, anticipó Milei.
El Gobierno también fortalecerá los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para identificar empresas y personas vinculadas con proyectos de explotación de recursos naturales en el archipiélago.
Según reveló el mandatario, Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en diferentes iniciativas relacionadas con las islas.
Milei anunció además un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa.
Parte de esos fondos será destinada a la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, particularmente en Ushuaia, y al fortalecimiento de las capacidades de telecomunicaciones.
El Presidente sostuvo que la instalación buscará convertir a la Argentina en “el polo logístico más importante del Atlántico Sur” y reforzar su proyección geopolítica hacia la región y la Antártida.
Para Milei, la situación en el Atlántico Sur debe ser considerada una cuestión de seguridad nacional y cualquier avance adicional sobre las islas será interpretado por el Gobierno dentro de ese marco.
Otro de los anuncios centrales fue el envío al Congreso, con carácter urgente, de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa modificará la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas contra compañías que participen de operaciones no autorizadas en Malvinas.
Los proveedores tendrán las mismas prohibiciones que las empresas involucradas y los infractores no podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con privados. También se contempla la utilización del juicio en ausencia cuando corresponda.
El proyecto extenderá además el régimen de sanciones a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
La nueva legislación contempla también la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar una política transversal entre Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
El organismo tendrá entre sus funciones la protección de infraestructura crítica y el fortalecimiento de las capacidades aeroespaciales y marítimas.
El Ejecutivo pedirá además al Congreso que le otorgue facultades para coordinar respuestas económicas y diplomáticas contra actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Milei relacionó la nueva estrategia con el creciente peso geopolítico del Atlántico Sur, los recursos naturales y la futura competencia internacional por la Antártida.
“Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses”, sostuvo.
En el tramo final del mensaje, convocó a la dirigencia política, económica y social a respaldar una posición común sobre Malvinas y planteó que el reclamo debe quedar por encima de las diferencias partidarias.
“Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa”, afirmó.
El Gobierno busca así transformar el reclamo por Malvinas en una estrategia que combine presión económica, herramientas judiciales, fortalecimiento militar y acciones diplomáticas, con el avance petrolero en la zona como principal argumento para acelerar las decisiones.
