Coherencia

La cuestión irrumpió en la última sesión la Cámara de Diputados de la Provincia, a través de un proyecto de declaración solicitando intervención de legisladores nacionales por Salta para lograr la reactivación de un programa que, con sentido federal, apuntaba a resolver una de las problemáticas sociales estructurales, que rozan el ejercicio de derechos humanos básicos.

Es una política que llamó la atención de especialistas en integración y formalización urbana, que data de 2017, cuando se creó el Registro Nacional de Barrios Populares. El ReNaBaP -tal su sigla- generó que en octubre de 2018 se sancionara la Ley N° 27.453, conocida como Ley de Barrios Populares.

Podrá advertirse que no se trata de un producto del populismo, que se suele denostar porque es fuente de corrupción, un tema que por este tiempo encabeza la lista de preocupaciones sociales. Es una iniciativa del gobierno de centro derecha,liderado por Mauricio Macri, calificado como un paso innovador de Argentina hacia la regularización y formalización de los asentamientos informales, asegurando que los habitantes de los barrios populares disfruten de los mismos derechos, obligaciones y servicios que los del resto de una ciudad formal. Es que la integración socio urbana es un proceso clave para transformar asentamientos informales en barrios formales, dotándolos de servicios esenciales como agua, cloacas, energía eléctrica, calles pavimentadas y espacios públicos. En ese marco resulta clave la promoción de la regularización dominial.

En el país existen alrededor de 6.500 barrios populares, 354 de los cuales están en Salta y allí viven aproximadamente  42.000 familias; esto es, casi 200.000 personas “que vieron truncados sus sueños de tener la infraestructura básica para su desarrollo”, según sostuvo la autora del proyecto, la monobloquista Marianela Ibarra, de Salta Independiente, cuando el gobierno de La Libertad Avanza desfinanció en 2024 el fideicomiso que sostenía unos 700 proyectos en el país, que quedaron paralizados con distinto grado de avance. .

El fondo se nutría, desde 2020, del 9% de lo recaudado por el Impuesto PAIS y por el tributo a las grandes fortunas. El gobierno comenzó en 2024 a reducir drásticamente esa asignación, decisión que no solo frenó obras sino que significó la pérdida de empleo para unas 25.000 personas, en su mayoría trabajadores de cooperativas de la economía popular.

Finalmente, y bajo el paraguas de la llamada Ley de Bases que tuvo un claro apoyo en el Congreso, el Fondo de Integración Socio Urbana  fue disuelto oficialmente en mayo de 2025. La medida se dispuso mediante el Decreto 312, en el marco de una reestructuración del Estado para disminuir el déficit fiscal, que arrastró a otros fondos fiduciarios como el de Promoción Científica y Tecnológica.

La Cámara baja provincial aprobó la declaración para movilizar a los parlamentarios nacionales salteños, pese a los esfuerzos de los diputados de la Libertad Avanza por dar razonabilidad al estropicio que genera la suspensión de obras, que no solo compromete la infraestructura existente —con pérdidas millonarias por el deterioro de obras inconclusas—, sino que elimina la expectativa respecto de la mejora de condiciones de vida en los sectores más vulnerables. 

Mientras en el Congreso se trata de blindar a la figura de un Jefe de Gabinete, al que la Justicia investiga por enriquecimiento ilícito, en esta provincia el titular del bloque libertario se opuso a la demanda de reactivación de uno de los programas que más apoyo generó en diversos ámbitos, incluso en el académico.  Eduardo Virgili consideró que es una fotografía de la corrupción, con obras en las que se gastaron miles de millones de pesos en espacios que siguen siendo una postal de pobreza.

En política, la coherencia debería ser una regla de oro. Por ello, es el momento de no atender lo que se dice, sino observar con precisión lo que se hace.

Salta, 24 de junio de 2026