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Vigilancia
La afectación de unas 200 hectáreas de bosque nativo en Cafayate nuevamente llama la atención sobre la cuestión ambiental. Por sus efectos exige de la sociedad una actitud vigilante y de demanda de cuidados a los poderes públicos.
Un incendio de proporciones, que comenzó hace más de dos semanas, logró ser controlado pero no está extinguido; esto es, las particulares condiciones climáticas obligan a una vigilancia permanente porque los fuertes vientos característicos de esta parte del año, pueden avivar el fuego. Superado ese riesgo, podrá ser evaluado el daño pero con seguridad que la recuperación llevará mucho tiempo, según advirtió Miguel Cueva, jefe de Guardaparques de la Provincia.
El impacto de los incendios forestales es inconmensurable. Los daños provocan la destrucción masiva de ecosistemas y de la biodiversidad y producen contaminación atmosférica severa por emisiones de gases de efecto invernadero y humo tóxico. Además, se degrada el suelo por la pérdida de la vegetación, facilitando la erosión, inundaciones y deslizamientos de tierra. Constituyen una amenaza a la vida humana, la salud pública y la economía.
Los especialistas informaron que en Salta se ha ingresado en una etapa crítica que habilita una alerta mayor sobre los riesgos de una emergencia ambiental en distintos puntos de la provincia. La advertencia apunta contra una actitud negligente que sigue usando el fuego para eliminar restos vegetales secos, sin considerar el peligro de vientos intensos,que potencian los daños. Pero no se deja de lado la actitud intencional que suele investigarse frente a estos cuadros de devastación.
En Salta ya está interviniendo la Justicia provincial, a partir de una denuncia que presentó la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, quien requirió que se confirme o descarte la sospecha de que se trate de un incendio provocado por el interés de disponer de tierras para encarar proyectos económicos. Cabe recordar que en el país está vigente un ordenamiento legal que establece sanciones y limitaciones para emprendimientos desarrollados en zonas incendiadas de gran magnitud. Incluyen restricciones que pueden extenderse entre 30 y 60 años a fin de permitir la recuperación del ecosistema.
La deforestación que producen los incendios se suman a otras formas de destruir los bosques nativos, pese a que también hay normas que los protegen en el país. Precisamente el norte de Argentina es la zona más afectada. Las organizaciones ambientalistas estiman que más del 75% de las pérdidas de este recurso natural se concentran en la ecorregión del Gran Chaco, integran las provincias de Santiago Del Estero, Salta, Chaco y Formosa. El desmonte en estas provincias está impulsado casi en su totalidad por el avance de la frontera agropecuaria. Los bosques son talados para reemplazarlos por monocultivos, principalmente soja transgénica y ganadería intensiva.
Desde enero de 2025, en Salta rige un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que habilita desmontes en más de 700.000 hectáreas de monte nativo. También hay denuncias planteadas en contra de la Provincia, que seguramente pueden generar otros focos de conflictos. Desde el comienzo de este siglo, el cuidado de los bosques nativos fue razón de una movilización de centenares de miles de personas que apoyaron un proyecto de ley de protección, cuyos efectos no son suficientemente efectivos.
El gobierno nacional redujo los presupuestos de la Ley de Bosques y del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, lo que disminuye la capacidad de las provincias para el control de los desmontes ilegales e incendios. En ese punto es donde se demanda una actitud comprometida de la sociedad, cuidando recursos que si bien son renovables exigen mucho tiempo de recuperación.
Salta, 23 de junio de 2026
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