¿Quién recauda los impuestos en Argentina y para qué se destinan realmente? Esa es una de las grandes discusiones pendientes que tenemos como país federal, porque de la respuesta dependen la educación, la salud, la seguridad y la justicia que reciben los argentinos todos los días.
Argentina es un país federal por Constitución, pero en la práctica existe una fuerte asimetría: el Estado nacional concentra la recaudación en todo el país de los tributos mas importantes, mientras que son las provincias las que sostienen, con sus presupuestos, la mayor parte de los servicios esenciales que llegan a la gente. Las provincias tienen recursos propios —Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos—, pero esos ingresos no alcanzan para cubrir las responsabilidades que la Constitución y las leyes les asignan. Por eso la coparticipación federal es mucho más que un mecanismo técnico: es la herramienta que debería garantizar que cada argentino, viva donde viva, tenga acceso a servicios de calidad.
Sin embargo, seguimos operando con un régimen de coparticipación diseñado en 1988 y si bien la reforma constitucional de 1994 ordenó sancionar un nuevo régimen, han pasado más de treinta años y esa deuda institucional sigue pendiente. Mientras tanto, las decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos impactan directamente en la capacidad de las provincias para invertir en escuelas, hospitales, seguridad y desarrollo productivo.
El problema no es abstracto. Cuando una provincia tiene limitaciones financieras estructurales, se resienten las obras de infraestructura escolar, el equipamiento de los hospitales, los recursos para las fuerzas de seguridad y las políticas de desarrollo local. Al final, la discusión fiscal termina siendo una discusión sobre la calidad de vida cotidiana de millones de personas.
En Salta, el gobierno provincial ha sostenido en los últimos años una gestión con superávit fiscal y administración responsable de los recursos públicos, aun en un contexto nacional de fuerte ajuste. Esa disciplina fiscal permitió mantener obras estratégicas y atender demandas crecientes en educación, salud y seguridad. Sin embargo, esa responsabilidad local no alcanza para compensar del todo las asimetrías históricas y estructurales del sistema de distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Por eso la discusión sobre un nuevo régimen de coparticipación no es una demanda sectorial, sino una necesidad del federalismo argentino.
En esa misma dirección apunta el trabajo del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, en su libro “Propuesta para un Nuevo Régimen de Coparticipación Federal”. Allí se plantea la necesidad de pensar el desarrollo del país con una mirada de largo plazo, que permita reducir las brechas regionales y generar condiciones para que todas las provincias puedan crecer desde sus propias fortalezas.
No se trata de enfrentar a la Nación contra las provincias ni de buscar ganadores y perdedores. Se trata de construir reglas claras y duraderas que combinen equilibrio fiscal, crecimiento económico y desarrollo territorial armónico. Un país verdaderamente federal no es aquel donde los recursos se concentran en pocos distritos, sino aquel donde cada región tiene herramientas reales para responder a las necesidades de su gente.
La discusión sobre quién recauda los impuestos y para qué se usan no es un ejercicio técnico reservado a especialistas. Es una conversación que define si los recursos que aportan los argentinos vuelven convertidos en mejores escuelas, hospitales que funcionen, más seguridad en las calles y una justicia que dé respuestas. Porque mientras la Nación concentre gran parte de la recaudación y las provincias sigan afrontando la mayor parte de las responsabilidades cotidianas sin una distribución acorde de los recursos, la Argentina seguirá teniendo pendiente una de las discusiones más importantes de su federalismo.
