En la mañana de este martes, la Cámara de Diputados convocó a representantes de la Autoridad Metropolitana de Transporte y de SAETA para tomar nota de uno de los problemas que concentra la atención ciudadana, por la extensión de su impacto. La advertencia que las empresas transportistas lanzaran la semana pasada, de iniciar restricciones en la prestación, se corporizó desde el primer servicio nocturno de este mes y mostró la gravedad que puede alcanzar si el conflicto escala.
Si bien faltaron los datos finos -como calificara un legislador de la oposición- se mostraron las líneas más fuertes que complican un servicio que es esencial. SAETA, la empresa del Estado responsable del mismo, ratificó que mantiene una deuda millonaria con las concesionarias y que los recursos no alcanzan para cubrir los costos operativos. Es una problemática que amenaza profundizarse porque el déficit no tiene fuentes alternativas de ingresos y los gastos no tienen perspectivas de reducción, que no sea a costa de la calidad del mismo.
Quién graficó esta problemática fue el gerente general de SAETA, quién dijo que lo que debe determinarse es “dónde se puede dejar de poner para poner en la caja del sistema”, lo que se entiende si se tiene en cuenta que la recaudación por pasajes cubre sólo un tercio del costo operativo. El resto se integra con un subsidio provincial, que pesa cada vez más en la alicaída caja estatal.
Las empresas formalizaron el reclamo por la creciente deuda que va generando esta situación, que según expusieron está resintiendo las posibilidades de cumplir con sus obligaciones. Como salida inmediata y hasta tanto se encuentre una solución estructural, dispusieron la suspensión del servicio nocturno que utilizan unas 4 mil personas por jornada. El gerenciamiento del servicio reconoce que los efectos de esta medidas podría no ser el único impacto si la situación financiera no se resuelve. Las concesionarias, dijo, ya anticiparon que el servicio “se puede complicar más” si no aparecen fondos para cubrir los costos.
Con el actual esquema, se admitió que encontrar una salida tiene un margen limitado. El 95% de los costos operativos de SAETA está concentrado en kilómetros recorridos, consumo de gasoil y empleados. Y los datos sobre la evolución de los mismos todavía no se presentaron con la precisión que sería menester.
Sí se reconoce que los incrementos en salarios y en combustibles han superado con creces los aumentos en el precio del boleto que, según SAETA, debiera ascender a $4.000. Más aún, se tiene asumido que -atento a la situación económica actual- es difícil aplicar ningún ajuste sin provocar mayor conflictividad social.
Cualquier decisión que genere mayores aportes por parte de los usuarios provoca una reacción inmediata, que tiene amplio alcance. Ha ocurrido con la disposición del Ministerio de Educación de reducir el horario nocturno en los establecimientos educativos, que inspiró una movilización estudiantil y puede extenderse a otras franjas sociales, especialmente la de trabajadores.
De allí que uno de los caminos que ha quedado expedito es el de la revisión de los acuerdos que dieron origen y sostuvieron hasta ahora el funcionamiento del sistema. No necesariamente debe disponerse la rescisión de los contratos con los prestadores sino promover un debate entre los componentes del servicio, que incluye a los usuarios.
Especialmente, debe generar un compromiso cierto de los sectores políticos que tienen representación parlamentaria. La gravedad de la situación indica que ya no alcanzan las declamaciones del oficialismo en apoyo del Gobierno provincial, sobre cuyas espaldas recae el mayor peso de la gestión. Es la hora de la acción.
Salta, 02 de junio de 2026
