Son los gobiernos provinciales los que tienen una visión precisa sobre cuánto margen tiene aún la administración libertaria para seguir aplicando un ajuste que permita alcanzar el cambio estructural que persigue. Y ya ha comenzado la convocatoria a los mandatarios que desde la asunción de Javier Milei a la presidencia han manifestado predisposición a asegurar la gobernabilidad.
Gustavo Sáenz fue uno de los primeros convocados y este miércoles participó de dos importantes encuentros. De acuerdo a la información oficial presentó sus demandas y escuchó las pretensiones del gabinete nacional, expresada por los ministros de Economía, Luis Caputo y del Interior, Diego Santilli. Ambos interlocutores manejan las variables que posibilitarían alcanzar un nuevo acuerdo federal.
Desde el Ejecutivo nacional se pretende avanzar hacia la reducción de la presión impositiva, principalmente del impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias y tasas en los municipios. Es lo que declaró el titular de la cartera económica, que asume los esfuerzos realizados para aliviar el peso de la carga nacional y que, a su juicio, favorece a las provincias porque las empresas declaran mayores ganancias, que se vuelcan en la bolsa coparticipable.
Obviamente, no es lo que aprecian los 24 distritos que vienen denunciando el menor flujo de recursos desde 2024, aportando a un supuesto equilibrio de las cuentas nacionales. Hay una primera línea de mandatarios que se ubican detrás de la política de La Libertad Avanza y apoyan la idea de acordar la baja de impuestos debe darse de manera simultánea en Nación, provincias y municipios para evitar desequilibrios y mejorar la competitividad del país. Otros priorizan encarar una reforma de la coparticipación federal y los menos, se oponen a encarar cambios que no atiendan el deterioro social y reclaman la reposición de una política de mayor asistencialismo.
En ese marco, se ha comenzado a escuchar la voz especializada de los tributaristas que reconocen la necesidad de cambios en el sistema impositivo, pero no confían en los pactos entre Nación y Provincias, atendiendo a la experiencia recogida desde que el régimen menemista impuso estos acuerdos. Ninguno obtuvo los resultados que buscaba y adjudican el fracaso a la volatilidad política y a las presiones que genera el gasto público. La historia más reciente es la del Pacto Fiscal de 2017, propuesto por el gobierno de Cambiemos, que fue anulado por el de Alberto Fernández en 2021, sin alcanzar los objetivos propuestos.
Por estas horas, la voz que más ha resonado es la del gobernador salteño, quien expuso la creciente preocupación de los gobernadores por el impacto social del ajuste económico y por el deterioro de las economías regionales. En declaraciones periodísticas no se privó de advertir el riesgo institucional que se insinúa, al reflexionar sobre la situación que desencadenó la crisis de 2001. Sin tapujos dijo que percibe una sociedad desesperanzada frente a un escenario marcado por el enojo social, la violencia discursiva y el agotamiento de la confianza pública.
Gustavo Sáenz declaró que no coincide con la percepción que tiene el gobierno nacional respecto de sus aciertos y manifestó su temor porque se está pasando del que se vayan todos de 2001 “al que se mueran todos”. La razón principal es que no están llegando los beneficios de la macro.
El relato del oficialismo nacional se contradice con los datos que en sus territorios observan los gobernadores. Esa brecha es la que debe resolverse y para ello debe servir cualquier pacto fiscal que se firme.
Salta, 28 de mayo de 2026
