La visita del funcionario del Ejecutivo nacional al Congreso emerge como el hecho político sobresaliente de la semana que se inicia este lunes, cuando debiera ser un hecho ordinario en el marco constitucional para dar cuenta de la situación de la Nación en vinculación con la planificación del Gobierno y su avance en función de la agenda política de la administración libertaria. Una sucesión de denuncias por supuestos hechos de corrupción impactaron en la figura de un referente del oficialismo, que renunció a su banca de legislador de la Ciudad de Buenos Aires antes de asumir, para acompañar al presidente Javier Milei desde una función concebida por sus inspiradores como de importancia institucional relevante.
La función del Jefe de Gabinete está establecida en el Artículo 100 de la Constitución Nacional, que destaca que con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde, a la cabeza de una extensa lista de obligaciones, “Ejercer la administración general del país”. El Artículo 101 determina su deber de concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno. Esto es, el jefe de gabinete debe concurrir nueve veces al año a ambas cámaras, teniendo en cuenta que sesionan entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Adorni asumió el 4 de noviembre de 2025, en reemplazo de Guillermo Franco y hasta le fecha, debía presentar los informes de ese mes, el de apertura del año legislativo y el de abril en curso.
Ese mismo artículo dispone que “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”. Esa posibilidad es la que genera una gran preocupación en el oficialismo porque desde inicios de marzo, el titular de la Jefatura de Gabinete va acumulando una serie de denuncias que configuran un cuadro de enriquecimiento ilícito. Prueba de ello es la decisión del propio presidente de la Nación de seguir desde un palco del recinto la exposición de su colaborador.
Seguramente que nada de eso se pensó cuando los integrantes del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que en 1985 creó por decreto el entonces presidente Raúl Alfonsín, aconsejaron la incorporación de una nueva figura dentro del ámbito del Poder Ejecutivo para atenuar el sistema presidencialista, dotada de facultades y de responsabilidad política.
Esa sugerencia, resistida por la oposición encarnada en el peronismo, fue recogida en 1993 cuando el 17 de noviembre de ese año, se firmó el Pacto de Olivos entre Alfonsín y su sucesor Carlos Menem. Sentaba las bases para una reforma constitucional, cuya necesidad se declaró por Ley 24.309. Cuando la convención que sesionó en 1994 aprobó la reforma, estaba incorporada la Jefatura de Gabinete, que tiene una debilidad congénita; es nombrado y removido por el Presidente de la Nación..
Algunos especialistas la observan como una figura “anodina” ya que puede ocupar un rol desapercibido o protagónico, como se demostró en estas últimas tres décadas en que actuó, debiendo ser el que evite la dispersión de la responsabilidad correspondiente a la administración pública, actuar como el coordinador principal de la agenda del Poder Ejecutivo y fomentar una relación más fluida entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, como describió el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Si se esperaba que atenúe el hiperpresidencialismo, que refuerce el vínculo del Ejecutivo con el Parlamento -donde opera la oposición- y evite las crisis presidenciales, como la que ocurrió en 2001, no es lo que hace ni este Jefe de Gabinete ni lo hicieron sus antecesores.
Por eso la jornada del penúltimo día de abril puede ser histórica. Hay un importante proceso de reformas prometido y los desórdenes institucionales no acompañan, especialmente cuando se generan en el propio gobierno que los promueve.
Salta 27 de abril de 2026
