Agustina TolabaPor Aries, el coordinador del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pablo Del Pino, afirmó que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, prevista originalmente para febrero, se postergará hasta mayo debido a falencias en capacitación del personal judicial y falta de infraestructura adecuada.
“La ley 8520 fue sancionada en noviembre y estaba prevista para aplicarse el primero de febrero, pero a pedido del Ministerio Público y la Procuración General se decidió prorrogar su implementación”, explicó Del Pino, quien señaló que la demora busca garantizar que los operadores judiciales puedan adaptarse al nuevo sistema.
Del Pino destacó que, aunque el código incluye principios garantistas y amplía facultades, persisten problemas de comunicación entre jueces y empleados judiciales, lo que genera retrasos en la fijación de fechas de juicios y afecta directamente a los justiciables. “Hay un abarrotamiento de expedientes y casos; por ejemplo, he presentado recursos de casación desde mayo del año pasado sobre situaciones de violencia de género que aún no están resueltos”, indicó.
Uno de los puntos más discutidos del nuevo sistema es la falta de un tribunal de alzada. Según Del Pino, los recursos de apelación no serán revisados por una instancia superior, sino por otros jueces del mismo tribunal, y si no hay acuerdo entre ellos, prevalecerá la decisión inicial, lo que podría vulnerar la garantía del doble conforme establecida por la Convención Americana de Derechos Humanos.
El especialista señaló además que los plazos establecidos para los litigantes son cortos y limitan su capacidad de defensa, mientras que los operadores judiciales no tienen un límite claro para resolver los recursos, lo que podría generar nuevos planteos de inconstitucionalidad.
Sobre la posibilidad de que mayo sea suficiente para la capacitación de todo el sistema judicial, Del Pino opinó que “muchos operadores todavía se siguen capacitando y los empleados judiciales deben adaptarse a las oficinas judiciales, que realizan trámites internos sin la firma directa de un juez específico”.
La puesta en marcha del Código Procesal Penal se espera ahora para mayo, cuando se evaluará cómo funciona en la práctica y se atenderán las posibles dificultades que surjan en su implementación.
