Sin haber recuperado la plenitud de su actividad, desde el boque de diputados Todos por Salta se han presentado dos proyectos de ley que están generando una incipiente reacción que se expresa mediáticamente. Se trata de una reforma electoral y el abandono de la tolerancia cero de alcoholemia para la conducción vehicular.
No se trata de situaciones que estén al tope de las prioridades ciudadanas; más aún, no se insinúan en el horizonte de cuestiones que de manera mediata puedan figurar en el pliego de reclamos sociales. Los fundamentos dados por los autores de los proyectos de ley presentados la semana pasada dan cuenta que responden a intereses sectoriales pese al fuerte impacto que van a producir si es que se aprueban.
La propuesta de modificación de la ley 7846, que prohíbe conducir habiendo consumido bebida alcohólica, pretende elevar a 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre el límite de tolerancia. Sus autores califican la iniciativa como “una revisión razonable de una norma que, en su redacción actual, presenta tensiones internas y efectos que merecen ser evaluados a la luz de la experiencia acumulada desde su vigencia”.
Se asegura en los fundamentos, que “no se trata de una desregulación ni de una flexibilización irresponsable de los controles”, sino de imponer un límite que no es arbitrario ya que es un estándar ampliamente reconocido y aplicado en varias jurisdicciones del país. La normativa vigente tiene un impacto negativo en la actividad enológica, la producción de vinos de altura y la gastronomía regional, motor de desarrollo económico y empleo de los Valles Calchaquíes, señalaron los diputados Patricio Peñalba, de Cafayate; Héctor Vargas, de San Carlos y Fabio Lóprez de Molino. Y marcaron un dato preocupante: la tolerancia cero no se traduce necesariamente en una mejora proporcional de la seguridad vial.
El proyecto de ley que plantea reformas al sistema electoral aborda un tema vertebral para el desenvolvimiento democrático, por lo que demanda una fuerte atención ciudadana. El votante seguirá expresándose por los mismos mecanismos pero el conteo de su voto tendrá otro sentido. Los sufragios que recojan las distintas listas que integran un frente o alianza o representen a un partido se computarán a favor del candidato más votado, sea para la gobernación, intendencia o legislaturas.
En sus fundamentos, el proyecto sostenido por los 36 miembros del bloque que se identifica con el gobernador Gustavo Sáenz, señala que se trata de una propuesta de actualización del sistema electoral vigente, con el objetivo de “fortalecer la representación política, ordenar la competencia entre las distintas fuerzas y ampliar las formas de participación ciudadana, en un contexto que cambió sustancialmente a partir de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias”. En síntesis, se trata de resolver las candidaturas de cada sector político, sin recurrir al saludable proceso de elecciones internas.
Se reconoce que el mecanismo que se propone “se apoya en una lógica conocida por la sociedad salteña”, que durante la década del 90 se expresó a través de la ley de lemas, impuesta en 1991 y abandonada por el impacto negativo que tuvo en el sistema de partidos políticos pero también en la gobernabilidad. Se resintió la credibilidad y la legitimidad de los electos dado que los resultados de los comicios provocaban confusión porque no parecían reflejar la voluntad ciudadana.
Es importante promover reformas legislativas para mejorar el entramado normativo. Se debe considerar la oportunidad, que en los casos mencionados está justificada. Pero también debe atenderse la conveniencia; esto es, si responde al bien general. Por ahora solo aparecen los intereses de sectores.
Salta, 10 de febrero de 2026
