El abogado laboralista sostuvo que la carga horaria no debe negociarse trabajador por trabajador y reclamó que cualquier modificación sea parte de acuerdos colectivos.
Política04/02/2026
Agustina Tolaba
En Agenda Abierta, el abogado laboralista Matías Raffo cuestionó con dureza la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que los cambios propuestos implican una regresión en derechos históricos de los trabajadores, especialmente en lo referido a la jornada laboral, el descanso y el régimen de indemnizaciones.
Raffo recordó que la normativa argentina establece límites claros entre una jornada y otra, garantizando al menos 12 horas de descanso, y subrayó que se trata de una conquista histórica del movimiento obrero. “La limitación de la jornada está prevista en la Constitución Nacional y en una ley que data de 1929, que a su vez refrenda el Convenio 1 de la OIT de 1919, donde se fijó la jornada máxima de ocho horas diarias”, explicó.
En ese marco, alertó sobre la incorporación del llamado “banco de horas”, un mecanismo que permitiría a los trabajadores extender su jornada hasta 12 horas diarias a pedido del empleador, con la promesa de compensarlas posteriormente. “Nada impide que se pase de ocho a doce horas de trabajo. Lo venden como un derecho, pero no lo es. No se puede compensar descanso con cansancio”, sostuvo.
El abogado señaló que la limitación de la carga horaria fue pensada tanto en la legislación nacional como en la internacional para permitir que el trabajador desarrolle su vida personal y social, y no como una variable de negociación individual. “Esto no debería ser parte de un acuerdo individual, sino de una negociación colectiva. La carga horaria es una conquista de la clase trabajadora de más de cien años”, remarcó.
Raffo también puso en duda el argumento oficial de que la reforma generará empleo y citó datos que indican una pérdida sostenida de puestos de trabajo y de pequeñas y medianas empresas. “Tomando como ejemplo la Ley Bases, no se creó empleo. Al contrario, se perdieron miles de puestos y unas 19.000 pymes desde la asunción de Javier Milei, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y otras fuentes”, afirmó.
Finalmente, se refirió a los cambios propuestos en materia de indemnizaciones y rechazó la creación de fondos alternativos. Explicó que las indemnizaciones en Argentina están concebidas como una sanción frente al despido arbitrario, prohibido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. “Un despido sin causa es un hecho ilícito, le guste a quien le guste. La indemnización tarifada está pensada justamente para que el empleador no despida. No es un costo imprevisible, es una herramienta de protección”, concluyó.
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