En total, son seis los condenados: el líder y su pareja como jefes de la asociación ilícita, tres hijos de ella y uno de los yernos. El clan comenzó a operar en 2011 con transportes de 100 a 200 kilos de drogas que iban a Santiago del Estero y Córdoba, entre otras provincias. Para blanquear las ganancias, realizaron distintas inversiones, como la adquisición de inmuebles, vehículos y otros bienes.
Judiciales26/12/2025
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a penas de hasta 13 años de prisión a seis integrantes de un clan familiar dedicado al narcotráfico y al lavado de activos que desde 2011 organizaba envíos de hasta 100 kilos de cocaína hacia distintas provincias y que fue desbaratado en 2024 tras un investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y de la regional NOA de esa oficina especializada, cuyo titular es el fiscal general con funciones de coordinación en la Fiscalía de Distrito Salta, Eduardo Villalba.
Las condenas -que incluyeron además el decomiso de dinero, cuatro propiedades y 14 vehículos- fueron impuestas el 15 de diciembre pasado por la jueza Gabriela Catalano -quien conformó el tribunal de manera unipersonal-, en el marco de una audiencia de homologación de un acuerdo pleno, en la que intervinieron la fiscal general adjunta de la Fiscalía de Distrito de Salta, Mariana Gamba Cremaschi, y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier.
La pena más alta, de 13 años de prisión, fue para el líder de la organización, Emanuel Gabriel Cala, como jefe de una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de organización y financiamiento de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad transporte -en dos hechos, uno de ellos agravado por la intervención de tres o más personas-. Estas conductas concurrieron de manera real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, en calidad de autor, agravado por haber sido cometido como integrante de una asociación destinada a la comisión continuada de este tipo de hechos.
No obstante, la pena fue unificada en 15 años de prisión debido a la participación de Cala en otro proceso penal abierto en su contra por un hecho de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La situación de Melisa Aleman, pareja de Cala, fue similar. Fue condenada a 6 años y 6 meses de prisión en calidad de jefa de los mismos delitos, pena que fue unificada en 8 años por una condena previa por transporte agravado de estupefacientes.
También fueron condenados Dalci Gabriela, Kevin Gabriel y Alex Facundo Aleman, hijos de la sentenciada Aleman. En su caso, fueron considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes secundarios del delito de lavado de activos, y recibieron una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. Por idéntica figura penal y a la misma pena también fue condenado Marcelo Nicolás Juárez, pareja de una de las hijas de Aleman.
En materia de decomisos, el tribunal dispuso la confiscación en favor del Estado nacional de tres inmuebles: dos ubicados en los barrios Atocha y Ceferino de la ciudad de Salta y otro en el barrio Inteligente Docta, en la provincia de Córdoba.
Asimismo, se ordenó el decomiso de nueve automóviles -entre ellos una camioneta Volkswagen Suran, una Chery Tiggo y una Ford EcoSport, además de varios vehículos Fiat modelos Cronos, Argo, Strada y Stilo- y de cinco motocicletas de las marcas Yamaha, Gilera, Zanella y Cerro.
La sentencia también homologó el decomiso de 16.000 dólares, más de 800.000 pesos secuestrados en distintos procedimientos y alrededor de 8.500.000 pesos depositados en una cuenta bancaria.ç
El caso
La investigación que derivó en estas condenas fue impulsada por la PROCUNAR y su oficina NOA, con la participación de sus titulares Iglesias y Villalba. En la pesquisa intervinieron además la fiscal general adjunta Gamba Cremaschi, el auxiliar fiscal Viltes Monier y el fiscal coadyuvante de la PROCUNAR Matías Álvarez.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal establecieron que la organización operaba desde 2011 mediante maniobras de narcotráfico y lavado de activos, lo que le permitió acumular numerosos bienes con el objetivo de dar apariencia lícita a las ganancias obtenidas.
Si bien la pareja dirigía la asociación ilícita, Cala ejercía un rol preeminente sobre el resto de los integrantes, a partir de conductas intimidatorias vinculadas a un esquema patriarcal, precedido incluso por episodios de violencia de género en perjuicio de Aleman.
A partir de tareas de campo e inteligencia desarrolladas por personal de Gendarmería Nacional de Salta y Santiago del Estero, el MPF acreditó el carácter estable del clan familiar, con roles definidos, lo que le permitió operar de manera sostenida mediante la adquisición de estupefacientes a proveedores de Bolivia.
La investigación se inició a partir de un reporte que identificaba a los acusados como proveedores de otra organización narcocriminal investigada desde 2020. Uno de los aspectos que más llamó la atención de la PROCUNAR fue el importante flujo de dinero detectado y el hecho de que las operaciones financieras siempre conducían a Cala y Aleman.
Según la acusación, los jefes de la organización no solo distribuían las tareas de los integrantes de la familia en los transportes de droga, sino que también disponían los pagos. Mientras Cala asumía la logística, Aleman intervenía en la adquisición del estupefaciente, aprovechando sus contactos con proveedores en Bolivia.
En concreto, a Cala se le atribuyó la organización y el financiamiento de un transporte de droga desbaratado el 20 de agosto de 2022 en la ruta nacional 5, a la altura del paraje Yuchán. El procedimiento, tramitado ante el Juzgado Federal de Orán, permitió secuestrar 102 kilos de cocaína ocultos en un camión con semirremolque. La vinculación de Cala surgió de múltiples comunicaciones telefónicas mantenidas en lenguaje encriptado con el transportista, y se detectaron evidencias de al menos cinco viajes previos.
El segundo hecho imputado ocurrió el 28 de mayo de 2023 en la ruta nacional 68, a la altura del puesto fijo Viñaco, donde se interceptó una camioneta Toyota -utilizada como vehículo de carga- y un auto Ford Focus que actuaba como “puntero”. En el interior del rodado principal se hallaron 95 paquetes de cocaína, con un peso cercano a los 98 kilos, y fueron detenidas tres personas.
La principal prueba que vinculó a Cala con este episodio fue la declaración de uno de los detenidos, quien lo identificó como propietario de la droga y aportó datos que coincidieron con la estructura y el funcionamiento de la organización.
Los acusados fueron detenidos el 7 de marzo de 2024 en el marco de un amplio operativo de seguridad dispuesto para la realización de allanamientos simultáneos en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba. Al día siguiente, el MPF formalizó la imputación ante el Juzgado Federal de Garantías N°1, a cargo de Julio Bavio, oportunidad en la que se atribuyó a los imputados la responsabilidad en 38 hechos vinculados al lavado de activos.
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