Ivana Chañi
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, se refirió en Agenda Abierta al caso Vicente Cordeyro y remarcó que la investigación no está cerrada y que la determinación final sobre lo ocurrido será realizada por los fiscales una vez reunidos todos los elementos de prueba.
Cordeyro, ex titular de la Policía de Investigaciones, desapareció el jueves 9 de octubre y su cuerpo fue hallado sin vida el sábado 11, dos días después, tras una intensa búsqueda en la zona del cerro Elefante, en San Lorenzo. Según la información difundida en ese momento, una pericia preliminar indicó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte, mientras que el cuerpo presentaba lesiones superficiales compatibles con exposición al fuego, en un contexto donde se registró un incendio forestal en el lugar.
García Castiella explicó que todavía están pendientes trabajos técnicos de fuerzas federales, entre ellos análisis científicos realizados por la Policía Federal y Gendarmería Nacional en Buenos Aires. Indicó que se continúa con tareas como la extracción y recuperación de información del teléfono celular, en la medida en que el daño del aparato lo permita.
El procurador aclaró que sus expresiones públicas previas se basaron en los partes oficiales emitidos por el Ministerio Público Fiscal y que, ante la multiplicación de versiones, buscó aportar claridad sin adelantar conclusiones. “La verdad judicial puede llegar después de dos, tres o cuatro meses”, sostuvo, al advertir que en Salta suelen instalarse teorías “con una velocidad” que dificulta el trabajo prudente de la investigación.
También señaló que, frente al dolor de la familia, corresponde actuar con respeto y evitar el morbo, por lo que descartó mostrar imágenes sensibles del expediente. “Quien accede al expediente y ve el terreno, las distancias y los elementos, entiende mucho más, pero no vamos a caer en el morbo”, afirmó.
Por último, insistió en que el Ministerio Público mantiene una postura de apertura a nuevas medidas y participación, incluyendo la posibilidad de constituirse como querellantes o sumar aportes externos. “Quienes tienen que hablar al final son los fiscales”, concluyó.
