Scott Bessent, aseguró que el acuerdo busca estabilidad económica y advirtió que no quieren otro estado fallido en América Latina, en medio de críticas de legisladores demócratas.
Exigen una "regulación inteligente del vapeo"
La World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable, que en los últimos meses reunió más de 15.000 firmas de ciudadanos argentinos que reclaman el fin de la prohibición.
Argentina21/10/2025
La venta de productos de vapeo en Argentina lleva más de una década prohibida. Desde 2011, por disposición de la ANMAT, está vetada su comercialización, importación y publicidad. Sin embargo, millones de personas vapean en el país, accediendo a los productos a través del mercado informal, sin controles de edad, sin trazabilidad y sin garantías de seguridad.
Lejos de solucionar el problema, la prohibición lo ha profundizado. Hoy los menores de edad acceden fácilmente a dispositivos y líquidos sin que el Estado tenga forma de fiscalizar su venta, mientras los adultos fumadores que buscan alternativas menos dañinas al cigarrillo carecen de opciones legales.
Ante esta situación, la World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable, que en los últimos meses reunió más de 15.000 firmas de ciudadanos argentinos que reclaman el fin de la prohibición y el establecimiento de una regulación moderna y efectiva.
“La gente se cansó de políticas que no funcionan. Los consumidores argentinos están pidiendo una solución real, no más prohibiciones que solo alimentan el mercado negro”, explica Alberto Gómez Hernández, Policy Manager de la WVA e impulsor de la campaña.
Una demanda ciudadana para cambiar el rumbo
La campaña busca dar visibilidad a una realidad que la política ha ignorado: el vapeo ya es parte de la vida de miles de argentinos, pero el Estado optó por mirar hacia otro lado. En lugar de controlar, prefirió prohibir. En lugar de regular, dejó el mercado en manos de la informalidad.
El resultado es una paradoja: mientras los productos se venden libremente en redes sociales o kioscos sin supervisión, los fumadores adultos que desean dejar el cigarrillo con ayuda del vapeo no pueden hacerlo dentro de la legalidad
Desde Vapeo Responsable, proponen un modelo concreto de regulación basado en la evidencia y la reducción de daños que permita la venta exclusiva a adultos en tiendas especializadas con verificación obligatoria de edad y establezca estándares de calidad y trazabilidad para todos los productos. También piden sanciones severas para quienes vendan a menores o incumplan la normativa y que el Gobierno difunda información clara sobre los riesgos relativos de cada producto.
“Una regulación moderna tiene que incluir canales de venta legal que estén fiscalizados y que incluyan control de edad. Solo así vamos a poder cortar con el mercado informal y garantizar que los menores no accedan a estos productos”, añade Gómez Hernández.
El modelo que propone la campaña es similar al adoptado en países como Reino Unido, Suecia o Nueva Zelanda, donde el vapeo forma parte de las políticas de salud pública y ha contribuido a reducir significativamente el tabaquismo.
Un llamado al Gobierno y al nuevo Congreso
El reclamo de las más de 15.000 firmas llega en un momento clave. A pocas semanas de las elecciones legislativas, los argentinos reclaman políticas de salud pública que funcionen y no repitan los errores del pasado. La regulación del vapeo no es solo un asunto sanitario, sino también una oportunidad para construir políticas más efectivas y basadas en evidencia, independientemente de quién controle el Congreso a partir de diciembre.
Desde la campaña Vapeo Responsable, advierten que insistir en el enfoque prohibicionista solo agravará los problemas actuales: los menores seguirán accediendo fácilmente a los productos, el mercado negro continuará creciendo y el Estado seguirá sin capacidad para controlar la calidad ni fiscalizar la venta.
“Mientras no se promueva un mercado regulado y legal, el mercado informal va a seguir creciendo. Y mientras eso ocurra, los menores van a seguir accediendo sin barreras, y el Estado no va a tener herramientas reales para impedirlo”, señala Gómez Hernández.
La organización anunció que presentará oficialmente las más de 15.000 firmas en el Congreso durante la primera semana de noviembre, como parte de una serie de encuentros con legisladores de distintos bloques políticos. El objetivo es abrir un diálogo constructivo que permita reemplazar la prohibición por una regulación moderna, responsable y eficaz que proteja a los menores y dé opciones seguras a los adultos fumadores.
Con información de Ámbito
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