Las elecciones, desde hace más de una década, se han convertido en un campo de confrontación donde los adversarios son verdaderos enemigos y no se trepida en llevar adelante todo tipo de acciones para lograr la derrota de cualquier tipo de propuesta electoral más que el triunfo de la propia. Esa metodología está tocando extremos casi sin antecedentes promovida por el oficialismo nacional, que ha logrado su expansión en todo el territorio con un mensaje excluyente de lo que no exprese su ideario.
A ese tipo de actitud se adjudica el distanciamiento que la sociedad va tomando respecto de la política. Es lo que se aprecia desde algunos sectores progresistas como Unidad Popular, que este lunes anunció su salida del frente kirchnerista Fuerza Patria, destacando que los partidos tienen una tarea muy profunda por delante. La crisis del sistema democrático no sólo responde a la cuestión económica, sino que hay un descreimiento generalizado que se debe revertir.
Si bien la campaña electoral formalmente empezará mañana, lo que se ha observado hasta el momento indica que la renovación parcial de los cuerpos legislativos no va a servir a ese fin. Por el contrario, las encuestas anticipan la posibilidad de la profundización de la caída de la participación electoral, pese a su obligatoriedad.
Convertido en un protagonista activo de esta campaña, el Presidente de la Nación trata de convencer a la ciudadanía de la necesidad de reencontrarse con la política como instrumento para superar la crisis que está hundiendo al país, pero a través del único camino, que es el que la administración de La Libertad Avanza está trazando.
En la recta hacia las elecciones legislativas llamó “a ir por los gobernadores y por los intendentes para que las reformas de la libertad avancen en todos lados". No es el mensaje que esos mandatarios aguardan de quien es el mentor del abandono de sus responsabilidades por parte del Ejecutivo nacional, en un proceso de desregulación y desfinanciamiento que complica la gestión de gobiernos provinciales y los municipales.
Un rápido repaso muestra que hay un ajuste en sus administraciones, que es obligado por la falta de disponibilidad de recursos, como consecuencia de políticas macroeconómicas que muestran un superávit fiscal, dudoso en el mejor de los casos, porque se integra con fondos que son de las Provincias. Salta le demanda una deuda de unos 300 mil millones de pesos, mientras debe atender cuestiones que no son de su jurisdicción pero impactan de lleno en la calidad de vida de la población local.
Una de esas situaciones es el estado de las rutas nacionales, que conforman el entramado vertebral de conexión de los centros urbanos y de tránsito de la producción hacia los mercados nacionales e internacionales. Se agrega el abandono de obras que estaban en marcha, como las que se vinculan a la infraestructura escolar y sanitaria y a las viviendas.
A estos incumplimientos, deben agregarse los perjuicios que genera la desatención de acciones que son de exclusiva competencia del Estado nacional, como son las relaciones internacionales. El gobierno salteño está reclamando la intervención de Cancillería para solucionar probados hechos de contaminación transfronteriza con desechos cloacales en una quebrada de Salvador Mazza. También reclama la habilitación definitiva de un cruce fronterizo con Chile de gran importancia comercial, en el que Salta invirtió ingentes recursos.
Reconciliar a la política con la sociedad es imprescindible pero a través de un proceso montado en una comunicación honesta, basada en la verdad.
Salta, 26 de agosto de 2025
