La jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre del organismo, tras la presentación de una medida cautelar por parte del SEVINA.
Política17/07/2025
El Gobierno nacional confirmó este jueves por la tarde que apelará la decisión judicial que suspendió el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida fue comunicada a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó en sus redes sociales: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.
La suspensión fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La acción sindical cuestiona la legalidad del cierre del organismo y su impacto sobre los trabajadores del sector.
El pasado 8 de julio, el Gobierno avanzó con la disolución del organismo, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. Para justificar los cambios, Adorni se refirió a la causa Vialidad por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde, según dijo, la Justicia halló "maniobras fraudulentas" mediante la "adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelanto financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos". "No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual", denunció Adorni.
"La disolución de este organismo generará un ahorro anual estimado para el Estado Nacional de 100 millones de dólares, y sus funciones serán asumidas entre la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y dos unidades organizativas dentro del Ministerio de Economía, una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas", afirmaron.
Ámbito
La concejal Malvina Gareca confirmó que López presentó la renuncia y señaló que el paso siguiente es convocar a una sesión extraordinaria. “No podemos tener este tipo de personas en el Concejo”, señaló.
Jorge Castro Videla, referente del Movimiento Evita, brindó detalles sobre la firma de un documento que llama a distintos sectores políticos a conformar un frente en defensa de Salta y el federalismo.
El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, renovó el rechazo del sector a las retenciones a las que calificó de un “impuesto extorsivo”, y resaltó el potencial productivo de la provincia.
En sus redes sociales, el edil libertario hizo pública la nota de renuncia y aseguró que prefiere dar un paso al costado antes de ser funcional a operaciones. “Me pongo a disposición de la Justicia, defiendo mi inocencia”, indicó.
Luego de ser denunciado por extorsión y violencia de género, el concejal libertario presentó su renuncia al cargo. Más temprano, un comunicado de LLA advertía que no ampararían a “quienes comprometan la honorabilidad del espacio”.
Se filtró un audio entre el concejal Pablo López y una mujer de su partido que revela retenciones de sueldo y pedidos sexuales a cambio de dinero. La justicia le entregó a la denunciante un botón antipánico.
Mientras en los pasillos del poder se celebran aperturas comerciales como sinónimo de “modernización”, en las fábricas argentinas se empieza a escuchar un murmullo cada vez más inquietante: la inminente llegada masiva de autos chinos podría arrasar con buena parte de la industria automotriz nacional. Lo que se vende como oportunidad para los consumidores, puede transformarse rápidamente en un golpe certero a la producción, al empleo y a las cadenas de valor que sostienen a miles de familias.
La Catedral Basílica compartió imágenes de los preparativos para la entronización de las imágenes que tendrá lugar este sábado 19, desde las 17:30 horas.
Ramón “Rana” Villa pidió conformar un frente amplio en Salta ante el avance del proyecto nacional de Javier Milei.
Cofruthos convocó a una asamblea extraordinaria el 24 de julio para analizar la situación de la empresa Salvita y un socio vinculado.
La Justicia clausuró dos geriátricos en los barrios Intersindical y El Tribuno. Estos procedimientos expusieron el abandono de adultos mayores.