Con el fin de "prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos", el Ejecutivo plantea una serie de cambios en la fuerza de seguridad. La polémica se ubica en las detenciones, requisas y ciberpatrullaje sin orden judicial que podrán realizar.
Política12/06/2025El Gobierno de Javier Milei busca avanzar en la redacción de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para reestructurar la Policía Federal Argentina (PFA), que prevé una mayor presencia en las provincias, pero que también ha generado polémica entre distintos especialistas debido a algunas facultades que podría otorgarle a la fuerza. Según trascendió, el Presidente podría firmarlo al regreso de su gira internacional.
El documento que comenzó a circular en los últimos días busca crear un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) para delitos complejos, basándose en el FBI de los Estados Unidos y en la Policía Federal de Brasil. Entre otros puntos, destaca que la fuerza que trabaja bajo la órbita del Ministerio de Seguridad -a cargo de Patricia Bullrich- estaría autorizada a realizar detenciones por hasta 10 horas a quienes no puedan acreditar su identidad y a hacer requisas sin la espera de un aval judicial, dependiendo de las circunstancias.
Otros de los apartados manifiesta la posibilidad de que hagan tareas de patrullaje en las redes sociales y otras plataformas virtuales abiertas, algo que ya se venía realizando y que ahora tendría un nuevo marco normativo. Entre los objetivos de este decreto -aún no oficial-, está el de reformar y modernizar la fuerza, a través de modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía Federal de 1958.
El texto plantea que “el surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales y tecnológicos” hacen que se deba “actualizar misiones, modificar la estructura y reorientar recursos" de la policía. Se estipula con que el Ejecutivo publique el DNU -que podría sufrir cambios antes de llegar al Boletín Oficial- antes del 8 de julio, cuando vencen las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a Milei mediante la sanción de la Ley Bases.
"Resulta sintomático que el Gobierno quiera hacerlo así; pensar una nueva ley orgánica de la PFA requiere una discusión profunda y sería deseable que propicie para ello la búsqueda de consensos políticos en el Congreso. La normativa que rige actualmente se sancionó en el '58, bajo un gobierno dictatorial, hoy podríamos tener un debate más democrático", expresó Victoria Darraidou, coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia instituciona del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Entre otras reacciones, el exjuez federal Fernando Carbajal, actual diputado de la UCR (Unión Cívica Radical) escribió en su cuenta de la red social X: “Paso a paso avanza el desarmado del Estado Constitucional de Derecho y su reemplazo por el Estado policial autoritario. Se incuba el huevo de la serpiente”.
Por su parte, el abogado Pablo Serdán, secretario letrado del Consejo de la Magistratura porteña, manifestó en la misma plataforma que, en caso de confirmarse,”no sería para combatir el delito, sino para perseguir jóvenes, estigmatizar barrios y criminalizar la protesta social”, ya que podría realizarse en manifestaciones.
Sin embargo, hay especialistas que mantienen otro enfoque, como Carlos Ñamandú, Comisario General retirado de la fuerza federal y reconocido por su labor en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el cibercrimen. "Lejos de inaugurar un estado policial, la reforma ratifica una facultad legal preexistente, estableciendo garantías", manifestó recientemente.
Detenciones y requisas
El artículo del decreto referido a las detenciones comenta que fuera de los casos establecidos en los Códigos Procesales Penales y demás legislaciones, la Policía Federal no podrá detener a las personas sin orden de un juez competente. Pero indica que si existiesen circunstancias "debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometerlo y no acreditase fehacientemente su identidad” puede ser llevado a una dependencia policial, con notificación al juez con competencia de turno, y puede ser demorada por un tiempo que no puede superar las 10 horas.
“Se le permitirá comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza” y “no podrán ser alojadas junto a detenidos por delitos o contravenciones", agrega esta modificación, que forman parte de las garantías comentadas por Ñamandú. "Bien aplicada es una herramienta para prevenir delitos inminentes sin vulnerar derechos", ya que la persona es liberada cuando se esclarece su identidad o se descarta la sospecha, dijo.
Serdán, por su parte, sostuvo que de esta manera "se autoriza la detención por sospecha, sin flagrancia ni orden judicial y requisas basadas en ‘presunciones’, pero esto sería anacrónico porque la PFA no se encarga de seguridad ciudadana en casi todo el país", ya que su despliegue es para delitos federales y áreas puntuales en CABA. En tanto, comentó que en plena era digital, "no hay excusa tecnológica ni procesal" para no comunicarse rápidamente con la Justicia y ahondó en que se generaría una “zona gris” perfecta para el aprietes, amenazas, fichajes informales y violencia sin rastro".
Carbajal, que también es vocal en la comisión bicameral de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, sostuvo que con estas medidas el Ejecutivo quiere volver a "la detención policial por averiguación de antecedentes" y que darle esa atribución a la PFA no tiene nada que ver con su reorganización, porque "es completamente inconstitucional”.
Con respecto a las requisas personales, que se realizan con orden judicial conforme con lo establecido por la normativa procesal, dice que “podrán hacerse sin dicha orden inspeccionando los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones de cualquier clase”, si sucede alguno de los siguientes supuestos:
La especialista del CELS señaló que la manera en que está escrito el borrador, habilita una "amplia discrecionalidad policial que por lo general redunda en detenciones arbitrarias basadas en sesgos discriminatorios de los policías". Además, agregaron que "con esta excusa históricamente las policías, amparados en la idea de 'olfato policial' realizan controles poblaciones, extorsiones o manipulan las estadísticas", lo que generó casos graves de violencia policial y fallos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) contra el país.
"En este contexto de nuestro país, las comisarías están colapsadas por el incesante aumento de personas allí detenidas por largos períodos de tiempo. Esto produce condiciones de detención inhumanas, propagación de la violencia en el encierro y la imposibilidad de un correcto control de las personas detenidas", puntualizaron desde la organización.
Ñamandú, en tanto, sostiene que no se trata de "un cheque en blanco" para los efectivos y que la iniciativa formaliza prácticas amparadas por el Código Procesal Penal. "En situaciones normales seguirá siendo indispensable la orden de un juez, pero ante la inmediatez de ciertos escenarios, pensemos en un control de ruta donde un conductor sospechoso intenta descartar droga al ser detenido, la ley faculta a actuar de inmediato".
Patrullaje en redes y reestructuración
En mayor o menor grado, el otro foco de controversia es el artículo que menciona que la Policía Federal podrá "realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente". Mientras que algunos lo consideran "espionaje ilegal", otros lo comparan con la vigilancia en plazas, rutas y lugares públicos.
Para reestructurar la fuerza, el Gobierno libertario piensa en un nuevo programa de ingreso, que contaría con la formación de universitarios ya graduados- y apunta a establecer un nuevo esquema presupuestario. Se evalúa declarar la "situación de emergencia" por dos años para que las autoridades puedan optar por un sistema de contratación directa. También habría modificaciones en el regimen de la carrera policial.
Se espera que próximamente Bullrich realice un anuncio para informar acerca de los cambios.
Existe un consenso en la necesidad de repensar las funciones y misiones de la Policía Federal y lo apropiado en tener una policía especializada en la investigación de delitos complejos. "Podría ser una oportunidad política para generar un marco normativo respetuoso de los derechos de las personas en el uso de las nuevas tecnologías para la vigilancia e inteligencia; resolver viejas deudas y transparentar y generar procesos rendición de cuentas", concluyó Darraidou al recordar los casos de Walter Bulacio, Carlos Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, que establecieron obligaciones al país en las sentencias de fallos de la Corte IDH.
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