Hoy quiero hablar desde mi rol de mujer en la política salteña, pero también desde mi humanidad y mis convicciones: los fueros parlamentarios, tal como se aplican hoy, muchas veces se convierten en herramientas de impunidad. Y eso, en un país que busca ser más justo, es inaceptable.
El reciente fallo de la Sala II de la Corte de Justicia de Salta, que revocó la condena al exdiputado nacional Martín Grande por sus declaraciones injuriantes hacia la fiscal Verónica Simesen de Bielke, nos enfrenta nuevamente a un dilema que como sociedad aún no resolvemos: ¿hasta dónde llega la inmunidad parlamentaria? ¿Y desde cuándo la libertad de expresión legislativa incluye la descalificación personal, el agravio y el intento de disciplinar a quienes cumplen con su deber, como lo hizo la fiscal?
La Corte justificó su decisión afirmando que las declaraciones de Grande estuvieron “protegidas por la inmunidad parlamentaria” y que fueron realizadas “en ejercicio de funciones propias del mandato legislativo”. También valoró que el exdiputado pidió disculpas públicas en dos ocasiones. Pero aunque la ley le brinde ese amparo, ¿no deberíamos cuestionarnos éticamente qué tipo de práctica política estamos habilitando con estas decisiones?
El caso de Martín Grande no es un hecho aislado. Es parte de un patrón donde el poder político se escuda tras sus privilegios, aun cuando sus actos afectan, descalifican o vulneran a otras personas. En este caso, una fiscal que representa a la Justicia. En otros, son mujeres víctimas de violencia de género. En todos los casos, el mensaje es el mismo: el fuero pesa más que la responsabilidad.
Los fueros no fueron creados para proteger a quien agravia. Su espíritu original fue garantizar la independencia del legislador frente a presiones políticas o judiciales arbitrarias. Pero cuando se los utiliza como un paraguas para insultar, desacreditar o evitar consecuencias legales por actos personales, el instrumento se vacía de legitimidad democrática.
Las mujeres que hacemos política tenemos una responsabilidad histórica. No estamos aquí solo para ocupar cargos: estamos para transformar las estructuras. Y una de las más urgentes por revisar es el uso distorsionado y patriarcal de los fueros parlamentarios. Porque sí, también el patriarcado se esconde bajo trajes institucionales y discursos de inmunidad, sobre todo cuando se trata de proteger a hombres en el poder que desacreditan o maltratan a mujeres con responsabilidades públicas.
Resguardar a las mujeres implica construir una política valiente, que no tolere la impunidad disfrazada de prerrogativa parlamentaria. Implica revisar prácticas, romper complicidades y garantizar que ninguna mujer en la función pública —ni ninguna ciudadana— sea objeto de agresiones sin consecuencias, por el solo hecho de cumplir su tarea con compromiso.
La crítica política no puede ser criminalizada, es cierto. Pero tampoco puede ser utilizada como excusa para agredir a una mujer que trabaja desde la Justicia, como fue el caso de la fiscal Simesen de Bielke. La libertad de expresión tiene sentido cuando es constructiva, no cuando descalifica. Y los fueros tienen valor cuando protegen la democracia, no cuando encubren el abuso de poder.
Hoy más que nunca, necesitamos una política con coraje, con valores, y con perspectiva de género. Una política sin fueros para la impunidad, pero con todas las garantías para las mujeres que luchamos todos los días por una sociedad más justa y humana.
