
Cuando no gustan los datos, se los apaga: turismo, INDEC y una mala señal institucional
La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.


El Senado de la Provincia se sumó este jueves a la tarea de resolver el desastre ambiental generado por un pozo petrolero descontrolado en Pichanal. La propuesta presentada por el representante de Orán no es la solución sino la exigencia de su búsqueda.
Opinión06/06/2025
En su última sesión ordinaria, la Cámara alta resolvió que su Comisión de Energía y Minería convoque a todos los sectores vinculados a la problemática de contaminación generada por una surgencia incontrolada del pozo X-10, ubicado en el yacimiento Lomas de Olmedo. La situación se registra desde 2023 y el derrame constante de petróleo, afecta suelos, napas y cursos de agua. Más aún, ha puesto en riesgo vidas humanas y se está cobrando la de los animales.
El senador Juan Cruz Curá dio detalles del panorama en la zona afectada, que va configurando una catástrofe ambiental a la que no se le puso coto pese a que el gobierno provincial presentó una denuncia en sede judicial, que disparó la intervención del fiscal penal. A todos luces, fue una reacción tardía e insuficiente.
El legislador denunció la falta de acción concreta de la empresa y cuestionó la demora de la respuesta administrativa y judicial. No sólo hay ineficiencia en los cursos de acción del gobierno; especialmente, hay una dificultad fáctica planteada por la situación ruinosa de la principal empresa que explota el pozo en cuestión.
El legislador recibió el testimonio de los pobladores de una zona que muestra la afectación severa del suelo, la vegetación y la fauna. A su juicio no se trata solamente de una cuestión ambiental sino que también es humanitaria ya que afecta derechos elementales. En ese punto planteó la necesidad de promover una legislación más efectiva para evitar que las empresas que explotan recursos naturales operen sin controles ni exigencias.
Debe reconocerse que no hubo inacción en el Ejecutivo provincial sino que faltó eficacia ya que se integró un Comité de Crisis cuando el clamor de los pobladores tapó las recomendaciones de tomar distancia del desastre en desarrollo. Hubo una demanda ambiental contra operadoras del pozo buscando la reparación integral, el saneamiento y la restauración del ecosistema impactado. La intervención judicial fue ineficaz, en el mejor de los casos y una inspección técnica reciente advirtió un incremento de la criticidad de la situación en la locación del pozo, cuestión que obligó a delinear un conjunto de medidas de distinta naturaleza con el objetivo de morigerar los efectos de acción inmediata sobre personas y animales. La Provincia pretende que las empresas involucradas ejecuten medidas urgentes de contención, abandono definitivo del pozo y remediación de los pasivos ambientales, conforme a la legislación vigente y a sus responsabilidades como concesionarias del área hidrocarburífera.
La principal acusada es President Petroleum S.A, que en el curso de esta semana informó a la Comisión Nacional de Valores la renuncia de dos de sus directores titulares, en lo que fue considerado un inminente colapso institucional que agravará su ya comprometida situación judicial, financiera y ambiental.
President Petroleum -en concurso preventivo desde octubre de 2024- atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia operativa en la Argentina. En ese marco cayó la intimación de la Justicia de Orán ordenando a la compañía la intervención urgente pero no hubo respuesta: ni medidas de contención ni plan de remediación, mucho menos compensaciones a las familias afectadas.
El Senado pretende motorizar un proceso que puede ser muy oneroso para la Provincia. Pero que es ineludible.
Salta, 06 de junio de 2025

La decisión de desfinanciar mediciones oficiales vuelve a abrir un debate de fondo: sin estadísticas confiables no hay políticas públicas ni desarrollo posible.

Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.

Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.

El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.

A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.

Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.

Con motivo del Día del Empleado Público, la Administración Pública Provincial de Salta cumple hoy, viernes 19 de diciembre, una jornada de asueto establecida por el decreto N° 52.

En una reunión de urgencia en Casa Rosada, la mesa chica de Javier Milei definió insistir en el Senado con la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario para proteger el superávit fiscal.

El Gobierno Nacional oficializó la renuncia de Nicolás Pakgojz a la presidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), junto a su vicepresidente, Marcelo León Ugarte.

Gimnasia y Tiro ya tiene al arquero que tomará la responsabilidad bajo los tres palos. Se trata de Joaquín Papaleo, quien llegará a la institución proveniente de Instituto para reemplazar a Federico Abadía, recientemente transferido al fútbol colombiano.

En su última sesión del año, el Bundesrat (Cámara Alta) aprobó la nueva ley de servicio militar que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.