En su última sesión ordinaria, la Cámara alta resolvió que su Comisión de Energía y Minería convoque a todos los sectores vinculados a la problemática de contaminación generada por una surgencia incontrolada del pozo X-10, ubicado en el yacimiento Lomas de Olmedo. La situación se registra desde 2023 y el derrame constante de petróleo, afecta suelos, napas y cursos de agua. Más aún, ha puesto en riesgo vidas humanas y se está cobrando la de los animales.
El senador Juan Cruz Curá dio detalles del panorama en la zona afectada, que va configurando una catástrofe ambiental a la que no se le puso coto pese a que el gobierno provincial presentó una denuncia en sede judicial, que disparó la intervención del fiscal penal. A todos luces, fue una reacción tardía e insuficiente.
El legislador denunció la falta de acción concreta de la empresa y cuestionó la demora de la respuesta administrativa y judicial. No sólo hay ineficiencia en los cursos de acción del gobierno; especialmente, hay una dificultad fáctica planteada por la situación ruinosa de la principal empresa que explota el pozo en cuestión.
El legislador recibió el testimonio de los pobladores de una zona que muestra la afectación severa del suelo, la vegetación y la fauna. A su juicio no se trata solamente de una cuestión ambiental sino que también es humanitaria ya que afecta derechos elementales. En ese punto planteó la necesidad de promover una legislación más efectiva para evitar que las empresas que explotan recursos naturales operen sin controles ni exigencias.
Debe reconocerse que no hubo inacción en el Ejecutivo provincial sino que faltó eficacia ya que se integró un Comité de Crisis cuando el clamor de los pobladores tapó las recomendaciones de tomar distancia del desastre en desarrollo. Hubo una demanda ambiental contra operadoras del pozo buscando la reparación integral, el saneamiento y la restauración del ecosistema impactado. La intervención judicial fue ineficaz, en el mejor de los casos y una inspección técnica reciente advirtió un incremento de la criticidad de la situación en la locación del pozo, cuestión que obligó a delinear un conjunto de medidas de distinta naturaleza con el objetivo de morigerar los efectos de acción inmediata sobre personas y animales. La Provincia pretende que las empresas involucradas ejecuten medidas urgentes de contención, abandono definitivo del pozo y remediación de los pasivos ambientales, conforme a la legislación vigente y a sus responsabilidades como concesionarias del área hidrocarburífera.
La principal acusada es President Petroleum S.A, que en el curso de esta semana informó a la Comisión Nacional de Valores la renuncia de dos de sus directores titulares, en lo que fue considerado un inminente colapso institucional que agravará su ya comprometida situación judicial, financiera y ambiental.
President Petroleum -en concurso preventivo desde octubre de 2024- atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia operativa en la Argentina. En ese marco cayó la intimación de la Justicia de Orán ordenando a la compañía la intervención urgente pero no hubo respuesta: ni medidas de contención ni plan de remediación, mucho menos compensaciones a las familias afectadas.
El Senado pretende motorizar un proceso que puede ser muy oneroso para la Provincia. Pero que es ineludible.
Salta, 06 de junio de 2025
