Minería: empleo, capacitación y controles, el reclamo de los originarios en la Puna

Optimizar los controles para que se cumpla la legislación vigente y la actividad minera tome efectivamente mano de obra y proveedores del primer anillo que rodea cada proyecto minero, fue el pedido que efectuó la comunidad Coya de Tolar Grande a la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, en el transcurso de los encuentros que viene desarrollando con distintos actores del sistema. 

La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión, Miguel Calabró, junto a los senadores, Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo y Gonzalo Caro Dávalos. Por la comunidad originaria participó el cacique, Mario Alancay.

En la apertura el senador Salva sostuvo que la Comisión se encuentra abocada a recabar información de todos los sectores, con una agenda de recorridos por cada proyecto, encuentros con proveedores, empresarios, funcionarios y también recabando la opinión de la gente, en particular de los habitantes de la Puna, con el fin de conocer todas las realidades y plantear las políticas que resulten necesarias para que los beneficios de la actividad lleguen a todos.

Pozo petrolero en Pichanal: murieron más de 300 animales y sospechan un deceso humano en 2023

Alancay planteó la necesidad de articular mayores controles para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y puso como ejemplo la maniobra de cambio de domicilio de personas que figuran como vecinos de Tolar Grande pero no viven en el pueblo. En ese caso sostuvo que los habitantes no superan los 280 pero el padrón marca más de 600, con lo cual las empresas aducen cubrir los requisitos de contratación de mano de obra o proveedores locales, quedando fuera del sistema los habitantes verdaderamente originarios.

Agregó que la mano de obra de la Puna solo se ocupa durante el periodo de construcción de cada proyecto y luego, al momento de entrar en producción se da de baja, planteando la necesidad de capacitación en empleos calificados. Hoy las capacitaciones que brindan las empresas son muy básicas, no como las de las escuelas de oficios, sostuvo.

Alancay aclaró que no van contra nadie, sino que piden reglas claras ya que la comunidad tiene desarrollada una red de proveedores y es consciente de la necesidad de unión para constituir UTES que puedan proveer bienes y servicios.

Optimizar las leyes vigentes

El senador Salva avaló la necesidad de capacitación de la mano de obra local, admitiendo que la mayoría del recurso humano lo constituyen albañiles, ayudantes o soldadores que, si bien son ocupados en la fase de construcción, quedan sin trabajo cuando comienza la etapa de producción.

En la misma línea, el senador Caro Dávalos sostuvo la necesidad de generar políticas que permitan llevar adelante un control efectivo de la actividad minera. 

El senador Calabró planteó la necesidad de avanzar en la modificación de la Ley de Promoción Minera, fijando ítems que lleven a su perfeccionamiento, como el agregado de años mínimos de residencia, por ejemplo. También reiteró que las sanciones por incumplimiento no deben ser monetarias solamente.

Aclaró que la idea del Ejecutivo y del Senado es acompañar a la minería, pero que las empresas deben ser sustentables, respetar a la gente y dejar un plus para que el desarrollo local prosiga dentro de 40 años cuando concluyan sus operaciones.

Sobre el pedido de fiscalizaciones reiteró que existe un anuncio de construcción de un centro de control en el cruce de la RN51 y la RP27, donde intervendrán las secretarías de Minería, Trabajo, Recursos Hídricos y Medio Ambiente.

Finalmente, el senador Carrizo consideró prioritario calificar a la gente en el lugar, que esa capacitación vaya de la mano con el tiempo de residencia en la Puna y adelantó que las próximas reuniones se avanzará en el aspecto de control con referentes de la Sindicatura y posteriormente del ministerio de Seguridad.