La SIDE busca “monitorear” la acción de “grupos sociales vulnerables”

En una directiva secreta que emitió a fines de enero pasado, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) ordenó “identificar y monitorear” a todos los “grupos sociales vulnerables” de la Argentina y a cualquier “actor no estatal” que pueda capitalizar la “creciente polarización política para expandir su influencia” en el electorado local, según consta en una copia de esa orden secreta.

La orden de la SIDE a sus agentes y analistas fue recabar toda la información de inteligencia posible sobre esos “actores” locales, a los que no identificó por sus nombres, y mandó enfocarse en sus “capacidades y motivaciones”, como también ahondar en el “impacto de sus acciones en la estructura política e institucional de la Nación”. ¿El objetivo? Elaborar informes que deberían elevarse a las máximas autoridades del espionaje local.

Firmada por el director general de Operaciones de la SIDE, Diego Kravetz, la directiva circuló por al menos una decena de despachos oficiales. Abarcó también a “actores estatales” extranjeros que puedan implementar “tácticas” para “influir en el desarrollo político” de la Argentina. Entre otras, por medio de ”ciberataques, operaciones de desinformación y financiamiento a actores políticos” locales, a los que tampoco identificó, pero que estuvieran alineados con sus “intereses estratégicos”.

Esa y otras decenas de directivas secretas similares integran la primera fase de aplicación práctica del llamado Plan de Inteligencia Nacional (PIN), y que fijó cuáles serán los lineamientos estratégicos de la SIDE durante los próximos años. Algunos de esos lineamientos reafirman las prioridades trazadas por gestiones anteriores, como la prevención del terrorismo y la lucha contra el crimen organizado o velar por los intereses argentinos en el Atlántico Sur y el sector antártico. Pero también entreabrió la puerta a eventuales tareas de espionaje interno que podrían recaer sobre periodistas, economistas y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o a sus funcionarios.

Desarrollado por la cúpula de la SIDE que lidera Sergio Neiffert, el PIN desgrana cuáles son los intereses estratégicos del país para, a partir de allí, trazar los objetivos generales de inteligencia y, a continuación, detallar las eventuales acciones particulares que los agentes deberán desarrollar para cumplirlas. Y las enumera, a lo largo de un texto de 170 páginas llenos de generalidades, zonas grises y ambigüedades.

Así, por ejemplo, la SIDE determinó en el PIN que quedarán bajo la lupa todos aquellos que busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación o que generen o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno. También, todos aquellos que puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”, sin precisar si alude a periodistas, analistas u otras opciones.

A partir de ese Plan de Inteligencia Nacional, las autoridades de la SIDE comenzaron a distribuir decenas de “directivas” durante los primeros meses de este año año. Las remitieron a todos los responsables del llamado Sistema de Inteligencia Nacional para que recaben información en sus áreas de competencia, “produzcan conocimiento” y elaboren informes trimestrales sobre los eventuales “actores” que queden bajo la lupa.

“Grupos sociales vulnerables”

Así, por ejemplo, la SIDE ordenó recopilar datos sobre todos aquellos “actores locales” que puedan representar un riesgo para el orden constitucional y la gobernabilidad, como así también determinar las eventuales “dinámicas” de “radicalización” de “grupos sociales vulnerables” a los que tampoco identificó. ¿Se refiere a grupos piqueteros, movimientos sociales o, incluso, comederos populares?

Del mismo modo, la Secretaría de Inteligencia –que se encuentra bajo la órbita de influencia del asesor Santiago Caputo- extendió la orden de vigilancia a todos aquellos “actores estatales y no estatales extranjeros” que pudieran impulsar “acciones locales” para interferir en la Argentina. De ese modo podría aludir, por ejemplo, a los intentos de Rusia por manipular las elecciones locales como lo hizo en Estados Unidos, Francia o Rumania, entre otros países, pero la directiva no alude de manera explícita a ese u otros países.

El Plan de Inteligencia Nacional, por el contrario, sí menciona por su nombre a dos naciones: Estados Unidos e Israel. En línea con la decisión del presidente Milei, los identifica y fija como norte al momento de definir alianzas y prioridades estratégica, a diferencia del Reino Unido, debido al conflicto por las Islas Malvinas y el “escenario antártico”.

Horas después, la Oficina del Presidente respondió con un comunicado en el que confirmó la existencia del documento secreto, pero negó que se utilice a la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios político. Y rechazó lo que llamó “las versiones periodísticas” sobre el Plan de Inteligencia, pero no aportó precisión alguna. El Presidente difundió ese comunicado por la red social X y culpó, además, al 90% del “periodismo” de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.

Según se constató, el llamado Plan de Inteligencia Nacional que impulsó la gestión libertaria registra diferencias notables con los elaborados por los gobiernos anteriores. Pone énfasis en una suerte de “batalla cultural por controlar el relato”, un concepto y una prédica muy afín al discurso de la administración libertaria, según confirmaron tres personas que accedieron a ese documento secreto.

La Nación