A pedido del fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, el Juzgado de Garantías N°5 ordenó la prohibición de acercamiento a las mujeres que denunciaron violencia de género, institucional y actos intimidatorios para que cedan $90 millones que el estado destina como subsidios para la práctica y desarrollo del voley en Salta.
Además de impedir que se acerquen a las mujeres, la justicia prohibió ejercer actos de violencia física o psíquica en su contra, mencionarlas en cualquier aparición mediática que realicen los denunciados, y fijar una consigna policial en los domicilios de ambas por el término de 30 días y en los lugares donde desempeñan sus actividades.
Las medidas fueron solicitadas mientras la Fiscalía inició una averiguación preliminar contra el exsecretario de Deportes y reacomodado funcionario en la Agencia Salta Deportes, y el exjugador de la selección argentina de voley para avanzar con la investigación.
Las causas contra el funcionario y la exestrella argentina se dividieron. La justicia decidió abrir una causa por el supuesto delito de "coacción" que quedó a cargo del Fiscal Ramos Ossorio, y otra por violencia de género que quedó a cargo de la Jueza Carolina Caseres Moreno.
La denuncia de las mujeres vinculadas a la Asocaición de Voley se presentó la semana pasada, y detallan un encuentro violento que mantuvieron con Chibán y Milinkovic, y de la que también participó la vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudia Vázquez, en la que buscaron -violentamente- intimidarlas para que cedan $90 millones de subsidios.
Incluso, trascendió un audio de parte del encuentro -que ya forma parte de la causa- en la que se escucha decir a Chibán que el dinero se destinará a pagarle a Milinkovic y la otra mitad se pondrán en fondos de inversiones "para que trabajen" y hasta acusa a la minsitra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, "se choreó 10 (millones)" de 35.000.000 que debía recibir la Asociación.
