La decisión fue adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich. También fueron enviados condenados por otros delitos.
Judiciales13/05/2025
El sorpresivo traslado de 19 genocidas condenados por delitos de lesa humanidad a una cárcel con condiciones diferenciadas despertó una fuerte polémica. Entre los beneficiados se encuentran Alfredo Astiz y Carlos Suárez Mason, quienes estaban alojados en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
Los represores fueron enviados el viernes 9 de mayo pasado a la Unidad 34 de Campo de Mayo, que fue construida en 2007 para alojar a exmilitares, en una medida tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.
La lista incluye también a los represores de la ESMA como Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Antonio Pernías, y del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), como Miguel Angel Britos. También a Raúl Guglielminetti, Ricardo Miguel Cavallo, Jorge Rádice, Mario Marcote, Gerardo Arraez, Julio César Argüello, Juan Carlos Avena, Marcelo Cinto Courteax, Rodolfo Cionchi, Manuel Cordero Piacentini, Luis Donocik, Lucio Nast y Luis Navarro.
La decisión fue adoptada con la excusa de aliviar la sobrepoblación carcelaria y realizar reformas en el Complejo de Ezeiza para alojar a presos de “alto perfil” que deben estar bajo un estricto sistema de vigilancia.
El penal de Campo de Mayo cuenta con cinco pabellones con capacidad para alojar a 172 internos. No hay muros sino un perímetro de alambre. Tiene quincho, gimnasios con aparatos, tres huertas y hasta dos canchas de tenis. Pero eso no es todo: los pabellones no son celdas sino habitaciones y hasta algunas de ellas están equipadas con aire acondicionado.
De acuerdo a los voceros, el traslado no sólo alcanza a los represores sino que también fueron enviados condenados por otros delitos, como el ex secretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción, Ricardo Jaime; Pablo García Aliverti -hijo del periodista Eduardo Aliverti- y el ex fiscal Juan Carlos César Castro, detenido por abuso sexual, entre otros.
El traslado fue duramente criticado por distintos organismos de derechos humanos, víctimas del terrorismo de Estado y referentes sociales. Desde HIJOS Capital aseguraron que “al cumplirse ocho años de la jornada histórica con el pañuelazo del ‘No al 2×1 para genocidas’, el gobierno de Milei, Villarruel y Bullrich beneficia a genocidas con el traslado a una cárcel con privilegios”.
Con información de Revista Quorum
El Juzgado de Garantías N° 1 aceptó la querella presentada por el legislador, quien a partir de ahora se encargará de impulsar la investigación.
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También declaró un ex interno, quien identificó a miembros del SP y presos involucrados en la venta de drogas y en la obtención de beneficios.
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