Duro informe de Amnistía Internacional por el retroceso en DDHH durante la gestión de Milei

La organización no gubernamental Amnistía Internacional advirtió sobre un fuerte retroceso en lo relativo a los derechos humanos en la Argentina durante 2024. “12 meses de gobierno, 12 derechos perdidos” se titula el apartado del informe que se dedica a profundizar sobre el caso argentino y la gestión de Javier Milei.

“El deterioro de los derechos no es una metáfora: durante 2024 vimos en Argentina como se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantía individuales”, señaló la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, que calificó el proceso como “efecto Trump”.

Las 12 áreas que registraron un retroceso según Amnistía Internacional son: libertad de expresión; libertad de reunión y asociación; cibervigilancia: amenazas a la privacidad, legalidad, igualdad y libertad de expresión; transparencia y acceso a la información pública; pobreza; jubilados; derecho a las mujeres a tener una vida sin violencia; derechos sexuales y no reproductivos; diversidad; Educación Sexual Integral; negociacionismo del cambio climático, y pueblos originarias.

El organismo, en un documento previo, ya había cuestionado el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Aumentó la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente. Esto derivó en más de 1100 heridos, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas”, precisó el organismo.

En el informe se destacan, entre otras cosas:

- La persecución y confrontación violenta frente al disenso. El miedo, las noticias falsas y la desinformación muestran una poderosa estrategia de adoctrinamiento y censura.

- Ataques a la libertad de expresión y al acceso a la información, donde prima la discrecionalidad y la opacidad frente a la rendición de cuentas.

- La represión del derecho a la protesta pacífica como política de Estado y el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, amparado por el llamado “Protocolo Anti-Piquetes”.

Por otro lado, el organismo señaló a la hora de mencionar los 12 derechos vulnerados un “achicamiento del espacio cívico y la reducción de la participación ciudadana en la vida pública”, el cual fue de la par con “el aumento de la represión y la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes ejercieron su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente para expresar su descontento ante las autoridades”.

Para ejemplificar, se hizo hincapié en retrocesos graves en derechos económicos y sociales y en las jubilaciones, como factores que profundizan la desigualdad y la exclusión, afectando fundamentalmente a mujeres, personas LGBTI+, pueblos indígenas, infancias y sectores empobrecidos.

“Lo que vemos en Argentina no es un hecho aislado: es parte de una tendencia global que busca silenciar voces críticas, desmantelar políticas de protección y reprimir la expresión pacífica. En nuestro país, este retroceso se ha dado de manera acelerada y deliberada“, enfatizó Belski.

“El Estado es un gran recolector de información y datos a través de sus diferentes agencias (ANSES, AFIP, RENAPER) que uno no puede negarse a dar. Pero patrullar las redes sociodigitales y todas las aplicaciones, es un objetivo tan amplio e inabarcable que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smartTVs y consolas de los más de 46 millones de argentinos”, advirtió el informe en el capítulo sobre la cibervigilancia.

Sobre el acceso a la información, el informe detalló:" Otro derecho restringido en este primer año de gestión fue el derecho de acceso a la información pública, a través de la regulación de un nuevo decreto emitido por el gobierno Nacional, el decreto 780/2024. El conocimiento y la información son poderosas herramientas con las que cuentan los ciudadanos para el control y la rendición de cuentas de los gobiernos y para combatir la corrupción".

Ajuste y jubilaciones

También cuestionó las políticas de ajustes. “Las políticas de ajuste que se llevaron adelante desde el cierre del 2023, junto con una escalada en los precios profundizaron el impacto directo en los hogares de ingresos medios y bajos, con un incremento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo con el INDEC, el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando el gobierno de La Libertad Avanza tomó posesión, al primer semestre de 2024, lo que equivale a un aumento de 11.2 puntos. Esto significa, en la práctica, que 15,7 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Además, más de un millón de niños va a dormir sin cenar (UNICEF)”, señaló el documento.

Y agregó, sobre las jubilaciones: “La reducción del valor de las pensiones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por la administración del presidente Javier Milei. A lo largo del primer año de gestión, la jubilación mínima no alcanzó a cubrir el costo de vida de una persona jubilada, afectando su derecho a un nivel de vida adecuado”.

La Nación