La comisión de Legislación del Trabajo está convocada para este martes a discutir los proyectos que financian al sindicalismo, y que forman parte de la agenda la UCR.
Política01/04/2025
El legislador porteño de la UCR, Martín Tetaz, impulsó el año pasado un dictamen para la democratización sindical, estableciendo límites a las reelecciones gremiales, eliminando la cuota solidaria obligatoria y garantizando un cupo femenino en las organizaciones.
Sin embargo, la iniciativa no avanzó en el recinto debido a la falta de quórum, ya que no se alcanzaron los 129 diputados necesarios para abrir la sesión.
Tetaz fundamentó su propuesta de eliminar la cuota solidaria al señalar que “es importante recordar que los dirigentes sindicales son trabajadores, que por un tiempo limitado representan a otros trabajadores para luego retornar a sus labores, dejando el lugar de representación a otro trabajador del rubro. Quien efectivamente desempeña el trabajo es quien mejor sabe de sus necesidades diarias”.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli explicó: “Lo que pretendemos es que las contribuciones patronales sean limitadas al número de trabajadores que efectivamente estén afiliados al sindicato, ya que los empleadores muchas veces deben pagar esa contribución por todos los empleados, aun cuando no se hayan afiliado o incluso se hayan desafiliado. Esto implica un aumento en los costos laborales no salariales que atentan contra la posibilidad de la generación de empleos y nuevas contrataciones”.
Los proyectos a discutir
Entre las iniciativas en debate se encuentra el proyecto del diputado radical Luis Picat, quien propone eliminar y prohibir las contribuciones y aportes derivados de los convenios colectivos de trabajo. Según explicó, “las leyes de Convenciones Colectivas de Trabajo y de Asociaciones Sindicales permiten que en un mismo convenio se aprueben aportes solidarios de trabajadores y contribuciones de empresarios a los sindicatos, así como contribuciones de los empleadores a las cámaras empresarias, desvirtuando el sistema en un intento de robustecer los ingresos de los sindicatos a costa del trabajador”.
Picat sostiene que este mecanismo vulnera la libertad sindical y afecta patrimonialmente a los trabajadores, ya que “la libertad sindical implica no solamente el derecho de afiliación, sino también el derecho a no solventar económicamente con un aporte en dinero al sindicato al cual no se está afiliado”.
Su iniciativa cuenta con el respaldo de los radicales Francisco Monti, Mariano Campero, Alfredo Vallejos, Pamela Verasay y Martín Arjol, además de Danya Tavela y Carla Carrizo (Democracia para Siempre), Héctor Baldassi y Patricia Vásquez (PRO).
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli presentó su proyecto, junto a Danya Tavela, y los diputados del Pro Gerardo Milman y Alejandro Finochiaro, por el cual en su artículo 9 señala, “Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma”.
La diputada Campagnoli denuncia en sus argumentos que, “en la actualidad cuando el trabajador no se afilia o se desafilia, los sindicatos han encontrado un ardid por el cual el trabajador que no quiere mantener su afiliación gremial, debe igual aportar una cuota “solidaria” que en muchos casos termina siendo similar a la que se les retiene a los afiliados”.
Una iniciativa similar es la impulsada desde el PRO por Gerardo Milman, que señala que “(los aportes solidarios) violan un principio esencial y estructural del derecho sindical como es el de libertad sindical, en su faz individual-negativa”, justificó en sus argumentos.
El radical Fabio Quetglas propone una reforma más amplia, que además de eliminar los aportes solidarios a los sindicatos, busca limitar los mandatos de los dirigentes sindicales a un máximo de cuatro años, exigir declaraciones juradas a los líderes gremiales y establecer la publicación obligatoria de los informes financieros. Su iniciativa cuenta con el respaldo de los diputados Manuel Aguirre, Marcela Ántola, Martín Arjol, Karina Banfi, Mario Barletta, Atilio Benedetti y Gabriela Brouwer de Koning.
Por su parte, la diputada libertaria Marcela Pagano pone el foco en el destino de los fondos recaudados por el aporte solidario. Según explicó, “la contribución se paga mensualmente desde el año 2008 por cada empleado de comercio, aunque su empleado nunca se capacite. Esto alcanza a 1,2 millones de trabajadores, lo que representa la paritaria más grande del país. Siguiendo este parámetro, se recaudarían más de $4.700 millones mensuales y $57.000 millones al año”.
Además, Pagano advierte que el sistema no distingue entre empleados de jornada completa o media jornada, lo que implica que todos aportan el mismo monto, y subraya que “no hay una rendición de cuentas pública que permita a los trabajadores verificar en qué se usan dichos fondos”.
Con información de TN
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