Se trata de una medida que impulsó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en colaboración con la Secretaría de Energía de la Nación.
El Gobierno investiga barras de cinco clubes por incidentes en la marcha y sus vínculos políticos
La ministra Patricia Bullrich tiene en la mira a segundas y terceras líneas de barras bravas de equipos de Santa Fe y el AMBA. Los denunciará ante la Justicia Federal.
Argentina13/03/2025
“Las barrabravas están pagas por lo peor. Ahora tenemos que averiguar quién les pagó”. En el pico de violencia frente al Congreso, Patricia Bullrich monitoreaba el operativo mientras avanzaba en las averiguaciones para llevar a los responsables a la Justicia.
Al anochecer, la primera conclusión del Gobierno fue que barras de segundas y terceras líneas de Nueva Chicago, Rosario Central, Newell’s, Chacarita e Independiente fueron los peso pesados en el enfrentamiento con la Policía.
“Hay que mirar a La Cámpora de Avellaneda con nexos con el senador Santalla”, apuntaba un conocedor de los nexos entre clubes y política, del conurbano. Emmanuel Santalla es senador provincial por la tercera sección electoral y un camporista furioso.
“Avellaneda con Cristina” es la consigna que Santalla planta en el distrito, enfrentado con el intendente Jorge Ferraresi, que impulsa la renovación del peronismo con Axel Kicillof. “Es como hacer un peronismo sin Perón. No lo veo a Cámpora diciendo que el problema es el dedo de Perón”, agitó Santalla la interna en un acto días atrás junto a la senadora provincial y ladera de Cristina KIrchner en el PJ nacional, Teresa García.
En CABA, el nexo que tiene en la mira el Gobierno es del club Nueva Chicago con ATE y el peronismo local. El vicepresidente de Chicago es Pablo Olmos, hermano de Juan Manuel Olmos, ex vice jefe de Gabinete de Alberto Fernández, armador del PJ porteño y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). Además, uno de los detenidos por los incidentes es Daniel “Tano” Catalano, de ATE Capital, cercano a Cristina Kirchner.
El Gobierno sabía que la movilización de hinchas en apoyo a la protesta, de todos los miércoles, de los jubilados escondía un germen de violencia. ¿Se pudo haber endurecido el control en los accesos? El Gobierno dispuso frente al Congreso un operativo de mil efectivos como en un superclásico. La pelea de la ministra de Seguridad contra los barras tiene larga data, desde el gobierno de Cambiemos.
El día de la protesta salió publicado en el Boletín Oficial el endurecimiento del derecho de admisión en el fútbol. A través de la Resolución 301/2025, se facultó al Ministerio de Seguridad a “restringir la concurrencia a espectáculos futbolísticos a toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública”.
Así todos los barras detenidos no podrán entrar más a las canchas. Se les aplicará la prohibición de concurrencia y no podrán ingresar a ningún estadio del país. La mitad tiene antecedentes penales, informó el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.
Era algo sabido para los hinchas. ¿Por eso no hubo primeras líneas en la marcha? ¿Son barras/hinchas o mano de obra para generar disturbios? La mayoría de los detenidos llevaba las camisetas de su club.
En la madrugada, 114 detenidos fueron liberados después de una presentación de la Defensoría Pública ante el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Karina Andrade.
La magistrada argumentó que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”.
“Ya fuimos por cada detenido e iremos por los heridos. Vamos a hacer toda la identificación para llevar todo a la Justicia”, decía anoche Bullrich a los suyos mientras resoplaba: “Es mentira. Yo no hablé con Tapia”. Había trascendido que el presidente de la AFA Chiqui Tapia le había dicho a la ministra que él no tenía que nada que ver con la movilización.
Después de la liberación de los detenidos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos criticó a la Justicia. “En pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos no se puede aplicar la flagrancia, porque si no se vulneran los derechos de los detenidos. Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia organizada de sectores extremos en el país, porque en definitiva la Justicia los libera rápidamente”.
Con información de TN

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