El PRO y LLA apuran el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Tras la conmoción por el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata, el oficialismo convocará, a instancias del presidente Javier Milei, a un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados el miércoles 12 de marzo para debatir un nuevo régimen penal juvenil. La intención es reducir la edad de imputabilidad —el Gobierno propone bajarla a 13 años—, aunque la complejidad del tema impide alcanzar un consenso en un texto común.
"La modificación del régimen penal juvenil es mucho más que cambiar la edad de la imputabilidad", aclaró la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO). La legisladora pidió avanzar en la ley para que "quienes cometan crímenes de adultos, paguen las consecuencias de sus actos como adultos".
El punto de conflicto no es sólo definir un número para bajar la edad de imputabilidad. La ley debe establecer qué delitos serían punibles, qué castigos corresponderían según su gravedad, en qué casos cabría la internación y qué penas alternativas podrían contemplarse, además de prever políticas de reinserción social para evitar la reincidencia delictiva.
La complejidad del debate se refleja en el Congreso: el tema se discute en cuatro comisiones —Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto— con la participación de 113 diputados, casi la mitad de la Cámara. "Ni siquiera la Ley Bases fue tan amplia", destacó Rodríguez Machado.
El Gobierno presentó su proyecto en julio pasado. El mismo propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años con penas graduales según la gravedad del delito. Cuando la pena supere los tres años de prisión pero no exceda los seis, y el delito no haya implicado la muerte de la víctima ni una grave violencia física o psíquica, se podrán aplicar sanciones alternativas, como amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima o restricciones para conducir o asistir a ciertos lugares.
En los casos de delitos con pena privativa de la libertad, las condenas podrían cumplirse en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones separadas dentro del sistema penitenciario para adolescentes.

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