
El ministerio de Sanidad de la Región, bajo el control de Hamás, reportó una crítica escasez en los suministros para los análisis de sangre, con un asombroso 65% de los insumos agotados.
Esa figura, creada en la reciente reforma constitucional, ha sido descrita por la oposición y grupos humanitarios como fuerzas parapoliciales y paramilitares.
El Mundo26/02/2025Empleados púbicos nicaragüenses, incluidos maestros, denunciaron este martes que la dictadura de Daniel Ortega los está obligando a juramentarse como policías voluntarios, una figura creada en una reciente reforma a la Constitución Política y que, según los opositores, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
“Por trabajar para el Estado nos obligan a ser policías voluntarios”, dijo un empleado público al diario nicaragüense La Prensa.
Según ese medio, los empleados públicos, incluidos los maestros de las escuelas estatales, fueron convocados este miércoles a la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua, para ser juramentados como policías voluntarios en un acto de la Policía Nacional.
A los docentes de Managua los convocaron a ir vestidos con pantalón de color azul o negro, camiseta blanca y botas o zapatos negros, y les informaron que durante el traslado al lugar donde serán juramentados les darán un pasamontañas para ocultar sus rostros.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en la víspera que este miércoles, durante la toma de posesión para un nuevo período del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, juramentarán a 30.000 policías voluntarios.
El pasado 5 de febrero, Díaz dijo que no permitirán un nuevo estallido social como el que ocurrió en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que el régimen de Daniel Ortega sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
“No permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018 en el intento fallido de golpe de Estado”, sostuvo Díaz, quien es consuegro de Ortega y Murillo.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
La Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas y a petición de Ortega, reformó la Constitución Política que crea “las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento”.
Además, creó la policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses “que prestan sus servicios de forma voluntaria”, y que, según los opositores, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
El pasado miércoles, Nicaragua puso en vigor este miércoles la reforma a la Constitución Política. La reforma, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Ortega ha pedido reformar la Constitución en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.
Con información de EFE
El ministerio de Sanidad de la Región, bajo el control de Hamás, reportó una crítica escasez en los suministros para los análisis de sangre, con un asombroso 65% de los insumos agotados.
Tras una cumbre en París con líderes europeos y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la iniciativa de crear una "fuerza de seguridad" en Ucrania.
La creación de puestos de trabajo fue mucho menor a lo proyectado, por lo que se espera que la autoridad monetaria cambie su postura, que priorizaba bajar la inflación.
Durante su visita a Minas Gerais, el mandatario instó a la participación de las comunidades para impedir que el Congreso apruebe la iniciativa de la oposición.
Como parte de la ofensiva final contra el grupo terrorista, las Fuerzas de Defensa anunciaron que realizarán una serie de ataques para destruir infraestructura que utiliza la milicia respaldada por Irán en la capital de la Franja.
Christian Brueckner cumple condena por la violación de una mujer. Expertos alertan que volverá a cometer delitos sexuales.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.