El trasfondo incluye denuncias cruzadas, acusaciones de negocios con la estructura del ferrocarril Belgrano para la exportación de granos a Bolivia y préstamos de campaña.
Judiciales07/01/2025
Ivana Chañi
En diálogo con Aries, el fiscal penal Armando Cazón confirmó que el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, y el empresario Pablo Ojeda fueron imputados tras un violento enfrentamiento ocurrido la madrugada del 31 de diciembre. Según las denuncias, ambos se citaron en un predio ferroviario de la localidad, acompañados por terceros, para una pelea "mano a mano". El incidente derivó en acusaciones por lesiones, amenazas, coacción y falso testimonio.
"Los conflictos entre estas personas, que deberían dar ejemplo, solo generan efectos institucionales negativos", destacó el fiscal. Subelza fue imputado por los delitos de lesiones leves en riña, amenazas, falsa denuncia y falso testimonio. Por otra parte, el fiscal imputó a Ojeda el delito de lesiones leves en riña y amenazas.
El caso también incluye un trasfondo de acusaciones sobre supuestos negocios irregulares en el ferrocarril de Salvador Mazza. Según Ojeda, las disputas se deberían a negocios millonarios vinculados a impuestos y transporte de carga. Además, señaló que durante la última campaña electoral prestó al intendente 800.000 dólares, cuestionando cómo Subelza podría devolver esa suma con su patrimonio.
El fiscal declinó parte de la causa a la justicia federal, ya que algunos aspectos del conflicto exceden su competencia, pero subrayó que investigará lo relacionado con los delitos denunciados.
El fiscal Cazón reflexionó sobre el impacto de este tipo de enfrentamientos en la comunidad: "La civilización no se marca por los conflictos y las peleas personales; eso es la ley de la selva”.
El fiscal también recordó la importancia del diálogo y los consensos como herramientas para solucionar disputas: "Este caso es el antípoda de lo que deberíamos esperar de quienes tienen responsabilidad pública".
En el marco de la causa, Cazón impuso medidas de restricción para ambas partes, incluyendo la prohibición de insultos o agresiones. "Si alguien no cumple, no tengo problema en solicitar detenciones. Mi obligación como fiscal es ordenar el desorden", enfatizó.
Además, el fiscal destacó que actuar en regiones como el norte de Salta requiere un “timing” especial para evitar que los conflictos deriven en crisis mayores. “Aquí, manejar mal un conflicto puede llevar a un estallido social. Hay que actuar con firmeza, pero también con sensatez”, afirmó.
Finalmente, Cazón recordó que el comportamiento de los funcionarios públicos debe ser ejemplar. "Un intendente y un empresario agarrándose a trompadas no solo es vergonzoso, también envía un mensaje equivocado a la sociedad. La justicia es para ordenar conflictos, no para convalidar este tipo de actitudes", sentenció.
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