No se trata solamente de un centro de abastecimiento de frutas y verduras. Es un ícono cultural, al punto que su fachada fue declarada monumento histórico y arquitectónico de la provincia. Se trata de un rasgo que incrementa su valor y explica que a una semana de que el Ejecutivo municipal ha dispuesto retirar de su manejo a una figura polémica, aún no haya asumido plenamente la conducción.
Desde que el lunes 16 se conociera el decreto de intervención se desataron hechos que dificultaron que la decisión del intendente Emiliano Durán se ejecute de inmediato. Por el contrario, la medida se judicializó con un recurso de amparo interpuesto por José Muratore, en representación de la Fundación San Miguel, que participaba del Ente Descentralizado del mercado. El Juzgado de Procesos Ejecutivos N° 1,finalmente ordenó el desalojo de Muratore y dispuso la protección de los derechos de los puesteros al garantizar su posesión de los locales que ocupan.
El proceso se desencadenó luego que, el 6 de noviembre pasado, un incendio devorara un tercio del sitio ubicado en pleno centro de la Capital. Lo que pareció un incidente de rápida resolución desnudó falencias que mantienen a decenas de puesteros en las veredas aledañas; de allí que en los considerandos del decreto de intervención se subraya la necesidad de agilizar su normalización.
Resignado a aceptar la orden judicial de entregar la administración, el pasado viernes dispuso hacerlo al inicio de esta semana pero debió abandonar esa pretensión porque no puede acercarse a 200 metros del mercado. Por muchas razones, este punto ha llevado alivio a quienes lo tornan operativo, que son los puesteros. Se designó a Emilio Gutiérrez como su nuevo administrador y se anunció la suspensión por tres meses del cobro de cánones y alquileres para los hayan resultado afectados por el incendio.
Excepto el ejercicio de una facultad que le es propia, el gobierno capitalino no se extendió en los motivos de tan drástica decisión. Tampoco lo hicieron los concejales, cuando en su última sesión abordaron la cuestión. Los ediles Gustavo Farquharson y Gonzalo Nieva, en el tramo de manifestaciones, la calificaron de acertada para el crecimiento de la ciudad. Los conceptos vertidos se centraron en la oportunidad, en orden a decidir cómo se deben administrar -no solo el San Miguel- sino todos los que funcionan en la ciudad bajo dependencia municipal. También, con la mirada puesta en lo que viene, se coincidió en que no debe tratarse de una cuestión cosmética sino ir al fondo. No es un cambio de nombre; se debe diseñar y crear un régimen de actualización moderno que responda a la ciudad, se escuchó decir en el Concejo.
Pero también se deben corregir desviaciones producidas por la tendencia a convertir en propio lo que es de todos, objetivo que demanda la permanencia en un lugar desde donde se van acomodando prácticas, normas y espacios a favor de una posición individual. Es lo que hizo José Muratore, que optó por una organización que reivindicó sin tapujos como mafiosa, porque tiene sus propios códigos, cuya legalidad no es un tema que le preocupe sino la adhesión a su liderazgo.
Eso ha quedado atrás. Ha comenzado un proceso de regularización sin vueltas para garantizar un mercado seguro y ordenado.
Los próximos seis meses serán de transición. Posteriormente se verá si se aprovechó un momento clave para determinar el futuro del histórico Mercado San Miguel.
Salta, 23 de diciembre de 2024
