Cuando en febrero pasado Salta dispuso arancelar la atención sanitaria a extranjeros, estaba lejos de suponer que el año iba a cerrar con todo un país ocupado en determinar si adopta la misma decisión.
Opinión04/12/2024
Solo en base a las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud de la Provincia no se puede determinar el alcance de los beneficios para los salteños. Sí se debe subrayar que implica un cambio significativo en una práctica que caracterizó a Salta -como al resto de la Argentina - de aplicar el mismo trato a propios y a extranjeros.
En principio, hubo un ahorro forzado por la necesidad ante la restricción en el flujo de recursos que giraba el gobierno nacional y permitía financiar la actividad de todos los efectores de la salud pública. La decisión en ese sentido fue conducente porque hubo una reducción drástica en la atención médica a extranjeros, especialmente de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay.
Por entonces no hubo mayores argumentaciones para tomar tal decisión que, hasta ahora, solo repitieron otras tres provincias, también limítrofes, como es el caso de Mendoza, Santa Cruz y Jujuy. Los salteños tampoco necesitaron fundamentaciones para una medida que implicaba un manejo más racional de recursos cada vez más escasos, tanto financieros, como tecnológicos y especialmente humanos. Tampoco se generaron quejas y, especialmente, no hubo denuncias por falta de atención a emergencias, poniendo en peligro la vida de las personas. Además su aplicación no fue improvisada ni se cerró a una demanda instalada; simplemente se aplica un tarifario como ocurre en cualquier punto del mundo.
Excluyendo dos de los más importantes hospitales de la provincia -como son el San Bernardo y el Materno Infantil, de gran demanda no solo por parte de la población limítrofe sino de la de otras provincias de la región- el cambio se notó en establecimientos de Tartagal, Profesor Salvador Mazza y San Ramón de la Nueva Orán. La atención bajó un 95% y se generó un ahorro de 60 millones de pesos, según los datos informados por el vocero presidencial al exponer a Salta como antecedente de una medida similar que el gobierno de La Libertad Avanza pretende imponer en todo el territorio argentino.
Ese propósito persigue un ahorro fiscal y una mejor atención para el resto de los ciudadanos residentes en el país, según se explicó en el anuncio realizado el martes al dar cuenta de cambios en el régimen migratorio. El avance de la Vocería de la Presidencia de la Nación se ratificó a través del presidente alterno del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala, al dar cuenta que el Ejecutivo Nacional remitirá un proyecto al Congreso para que los extranjeros paguen por la educación en Universidades Nacionales y también por la atención en el sistema de salud. También se van a agravar las sanciones para los extranjeros que cometan delitos al intentar ingresar al país o residiendo en él.
Estas medidas ponen a la Argentina en un esquema de normalidad, en tanto no vulneren derechos esenciales de la persona humana o avance sobre la autonomía de las provincias.
Su alcance no debe quedar en un mero propósito fiscalista sino debe significar el cuidado de servicios que deben ser prestados con calidad a quienes con su esfuerzo aportan a su financiamiento, cuestión que en este tiempo de crisis no se está verificando en esta provincia que tomó la delantera.
Salta, 04 de diciembre de 2024
La administración del Estado va camino a contar esta semana con su hoja de ruta fiscal. Las políticas a desarrollar durante 2026 tienen estimado su financiamiento y el Ejecutivo provincial se aseguró las autorizaciones suficientes para disponer de los recursos conforme su discrecional criterio. Ese es el dato que considerará la dirigencia gremial del sector público, que se está movilizando frente a eventuales restricciones.
Las dos sesiones legislativas de esta semana son las últimas de la actual composición de ambas cámaras provinciales. El lunes 24 asumirán diputados y senadores electos en mayo y darán continuidad a un período ordinario que cerrará el 30 de diciembre.
La nueva Ley de Ministerios marca un giro en la gestión de Gustavo Sáenz: por primera vez delega la conducción operativa en una Jefatura de Gabinete fuerte, mientras concentra su rol en lo estratégico.
Sobre el cierre del año se mantienen agendas paralelas entre el gobierno y la sociedad. Para esta, las cuestiones económicas son prioritarias y urgentes; el Ejecutivo, en cambio, está inmerso en un nuevo ordenamiento político que le permita dar respuestas a las demandas sociales.
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El exgobernador advirtió que la fragmentación del PJ solo fortalece al oficialismo y cuestionó el avance del liberalismo en el país. “Si nos dividimos, gana Milei”, afirmó.
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El médico Edmundo Falú denunció que utilizaron su firma, sello y matrícula para realizar prácticas médicas y facturaciones que él nunca autorizó. Aseguró que jamás trabajó en el IMAC y que la maniobra podría derivar en responsabilidades penales.