Condenaron al empresario ganadero que aplastó con una topadora a pingüinos en Punta Tombo

Después de seis jornadas de testigos y alegatos, el tribunal de Chubut integrado por los jueces Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini condenó este jueves al empresario ganadero Ricardo La Regina.

El tribunal consideró que el empresario fue responsable de dos hechos, aunque lo absolvieron por un tercero. “Se lo considera autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con en concurso de crueldad animal”, indicaron.

Los delitos por los que fue condenado son daño agravado y crueldad animal por haber abierto entre agosto y diciembre de 2021 con una retroexcavadora un camino desde su estancia Punta Clara, lindera con el área protegida y pingüinera Punta Tombo, hacia el mar y de haber desmontado flora para poner un alambre electrificado. En el proceso aplastó nidos de pingüino y afectó la fauna del lugar. El lunes se conocerá la pena.

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El acusado fue denunciado por su tío, Alberto, que tiene la concesión de la confitería de Punta Tombo y que fue uno de los primeros guarda fauna del lugar. Su padre, Luis, donó las tierras para crear la pingüinera (que durante décadas fue la reserva de pingüinos magallánicos más grande del mundo).

Al comienzo del proceso, el abogado defensor Federico Ruffa ofreció que La Regina done 500 hectáreas en compensación de los daños ocurridos y así evitar el juicio. El pedido fue rechazado. El ahora condenado aseguró: “Con el diario del lunes es más fácil, podría decirse que no fue la forma correcta. Pero debido al contexto y las condiciones donde se desarrollaron los hechos, tampoco había otra salida porque me estaban robando mi única forma de vida, el ganado bovino. El Estado estuvo ausente por más de 10 años y la Justicia tampoco actuó en ese momento”.

La acusación estuvo a cargo de la fiscal general jefe de Rawson, Florencia Gómez. La causa contó también con varios querellantes como la Asociación de Abogados Ambientalistas, Fundación Patagonia Natural y Greenpeace Argentina. Habían pedido entre 4 y 12 años de prisión, en un procedimiento histórico para la justicia ambiental.